MANUEL CHAVES NO DICE LA VERDAD SOBRE EL PAPEL DE SU HIJA EN MATSA
CADA día es más evidente que el último caso Chaves, el que atañe a la ayuda de 10 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a la empresa minera que apodera la hija del ex presidente andaluz, pivota entre el nepotismo descarado, los indicios de prevaricación y el cinismo más desvergonzado. Al no poder rebatir la información publicada por EL MUNDO, Manuel Chaves ha intentado desacreditarla presentando a su hija como una trabajadora más de la empresa beneficiaria y asegurando que en ningún caso intervino directamente en el expediente de esta ayuda. Pues bien, tal como probamos hoy, Paula Chaves no sólo solicitó, sino que también tramitó y firmó el recibí de la subvención concedida por su padre. Es decir, la gestión de la hija del actual vicepresidente tercero del Gobierno fue determinante para que Matsa accediera a esta ayuda multimillonaria, para cuya concesión la Junta modificó su propia normativa, que en principio sólo permitía financiar el inicio de las explotaciones extractivas y no el proceso de transformación del mineral. Para más inri, el PP tiene la fundada sospecha de que el despacho del ex ministro socialista Carlos Solchaga y del ex consejero andaluz José Aureliano Recio medió en este expediente. La comparecencia del vicepresidente en el Congreso, solicitada ayer por Rajoy, es inexcusable. Y hace muy bien el líder del PP en advertir que su partido «no abandonará este tema» hasta que no quede esclarecido o tenga consecuencias.
LA HIJA DE CHAVES GESTIONO Y FIRMO LAS AYUDAS DE SU PADRE
Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intervino directamente en la tramitación administrativa del expediente por el que la Junta de Andalucía concedió más de 10 millones de euros a la empresa de la que es apoderada.
Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta en un Consejo de Gobierno que presidió Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. Rajoy le exige explicaciones. En el expediente de la subvención a la sociedad Minas de Aguas Teñidas (Matsa) se puede comprobar no sólo que las comunicaciones previas a la concesión del incentivo iban dirigidas personalmente a Paula Chaves, sino que fue ella quien puso su firma para dar la conformidad de la empresa (el 23 de febrero de 2009) aceptando la ayuda que había rubricado en enero su padre como presidente de Andalucía. Como resulta evidente que esa responsabilidad extralimita las funciones propias de una abogada vinculada laboralmente al departamento jurídico de la multinacional minera canadiense, la versión oficial del vicepresidente Chaves y de la Junta de Andalucía ha tenido que ser la de negar la mayor: que Paula Chaves no ha tenido la más mínima intervención en el asunto. El pasado martes, en el Senado, Manuel Chaves subrayó que «no me constó ni me consta hoy» que su hija «hubiera tenido nada que ver con ese expediente». Por la mañana, Manuel Pérez Yruela, portavoz del Gobierno andaluz, aseguró también que Paula Chaves «no ha tenido que ver nada con la tramitación» y que no fue la «responsable» del expediente. ¿Por qué esta insistencia? Lo que se quería descartar de raíz era la posibilidad de que el actual vicepresidente Chaves hubiera vulnerado en enero la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que establece que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración «hubiese tenido alguna parte» cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil. El problema es que su hija sí tuvo parte en este asunto. En la escritura de apoderamiento, publicada en el Registro Mercantil de Huelva, figura entre las facultades conferidas a Paula Chaves la de «dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador», que es el caso de la comunicación de la concesión de una ayuda de la Junta. La empresa retrotrae el momento en que ésta empezó a participar directamente en «la gestión y tramitación de incentivos y ayudas» al 2 de julio de 2007, lo que supondría su implicación desde el primer momento en este expediente que terminó con la concesión de los casi 10,1 millones de euros, ya que la solicitud de esta ayuda es de tres meses más tarde: octubre de 2007. Según la versión de Matsa y el Registro Mercantil, Paula Chaves participó en el expediente desde el principio y era quien -por un apoderamiento especial- recibía las comunicaciones de la Junta y tenía que dar su conformidad a la ayuda que se concedió con la rúbrica de su padre. El Gobierno andaluz dice lo contrario: que el ex presidente no violó la ley. El portavoz del Ejecutivo regional, Pérez Yruela, aboga por una interpretación menos estricta del artículo 7 de esa norma. «Si se hace una interpretación muy extensa del artículo, casi nadie que tenga relación con un alto cargo podría entonces solicitar nada», ha señalado. Nadie ha negado a Matsa el derecho a solicitar o percibir las ayudas porque tenga a la hija de Chaves empleada o por concederla poderes especiales antes de finalizar el expediente. A lo que obligaba la Ley de Incompatibilidades es a que Manuel Chaves se inhibiera en la aprobación final de la ayuda, por consanguinidad. Como ha publicado EL MUNDO, después de la inscripción de Paula Chaves como apoderada de Matsa en noviembre de 2008, el Gobierno andaluz elevó su propuesta de incentivo, incrementándose de 6,9 a casi 10,1 millones. Un mes antes de la concesión, la Junta alteró también una orden autonómica para poder subvencionar los proyectos «de transformación» de mineral -como el de Matsa- y no sólo los de industrias extractivas. Sin ese cambio, Chaves habría tenido que denegar la ayuda, como hizo el Ministerio de Industria.
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