Esta localidad tiene pendiente dar cobertura legal a más de 8.000 viviendas.
El marido de la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Málaga, Josefa López Pérez, trabaja desde 2008 como coordinador de Áreas Administrativas del Ayuntamiento de Mijas, municipio gobernado por el PSOE, y que en la actualidad se encuentra inmerso en una dificilísima situación ante la necesidad de dar cobertura legal a unas 8.000 viviendas levantadas de forma irregular durante años de permisividad.
El 30 de septiembre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el nombramiento del cónyuge de la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio –organismo clave en la legalización de la situación urbanística del municipio– como coordinador de Áreas Administrativas del Ayuntamiento mijeño. Por este puesto está cobrando un salario de 60.441,68 euros al año, de los que 4.610,66 se deben a complementos por productividad, según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga.
Francisco Trujillo Labella, marido de Josefa López, tiene dedicación plena, y forma parte del grupo de cinco asesores de libre designación 'fichados' por el alcalde Antonio Sánchez para esta legislatura, y entre los que se encuentran un asesor de Relaciones Institucionales, otro de Planeamiento y Actuaciones Urbanísticas, un asesor de Área Técnica y un coordinador de Seguridad Ciudadana. Cada uno de ellos cobra anualmente cantidades que oscilan entre los 60.441,68 euros de Trujillo Labella y los 76.729,12 del asesor de Área Técnica.
Preguntada por este periódico por el 'fichaje' de su marido, la delegada de Vivienda le restó importancia, asegurando que su cónyuge es funcionario de la Junta de Andalucía, y que tras una amistad de 30 años con el actual alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, éste había querido contar con él. «Todos los ayuntamientos tienen personal de confianza», señaló Josefa López, para quien su marido «le está haciendo un favor al alcalde».
«No le han regalado ninguna plaza, no forma parte de la plantilla ni le ha quitado el puesto a nadie; no se está haciendo con él nada ilegal ni extraordinario, se trata de algo normal», reiteró la delegada, que quiso remarcar que entre las funciones de su marido en el Consistorio mijeño «no hay nada vinculado con el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio».
Se da la circunstancia de que el marido de la delegada, que trabajaba con categoría de administrativo como funcionario de la Delegación de Salud de la Junta en Málaga, trabajó durante una temporada en Marbella como funcionario de la Oficina de Planeamiento, coincidiendo en el tiempo con el periodo en el que la propia delegada ostentó el cargo de vocal de la Comisión Gestora designada en el municipio tras el estallido del 'caso Malaya'.
No hay comentarios:
Publicar un comentario