ASAJA ANDALUCIA COMTEMPLA LOS DAÑOS POR AGUA

Vemos en el articulo siguiente como el Sindicato de la Patronal ASAJA en Andalucía, se muestra preocupado por los daños causados en el campo andaluz.

Nuestra zona como bien todos sabemos, ha sido castigada severamente.

A modo de ejemplo, nada más ver las imágenes que presento para conocer el alcance de ciertas fincas colindante con el río.

Según noticias de fuentes bien informadas, la Agencia Andaluza del Agua, tiene el propósito de evaluar los daños de las infraestructura y, otros causados por el arrastre del agua, para una posible ayuda.

Para más información, pueden ponerse en contacto con la oficina de la Comunidad de Regantes, en la calle La Fabrica, donde serán informados.

Asaja cifra en 930 millones los daños en la agricultura por las lluvias.


Las provincias más perjudicadas son Almería, Jaén y Sevilla
Muchas fincas de Cádiz siguen anegadas, por lo que no pueden cuantificarse
Efe Sevilla

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha cifrado este jueves en 930 millones de euros los daños causados en la agricultura andaluza por las lluvias del último mes, que han sido las más abundantes de los últimos 50 años, y ha considerado "imposible" calcular los destrozos en la infraestructura rural.
De estos 930 millones, "muy pocos" están cubiertos por los seguros agrícolas, según Serra, quien ha solicitado una reunión a la Junta de Andalucía para estudiar cómo paliar los daños del temporal y pedirle que invierta en "economía productiva" con un plan especial de infraestructuras agrarias.
La provincia más dañada ha sido Almería, con 390 millones; seguida de la de Jaén, con 200; Sevilla, con 103 millones; Córdoba, con daños por valor de 92 millones; Huelva, con 60 millones; Granada, con 45, y Málaga, con 40, mientras que en Cádiz no se han determinado porque muchas fincas siguen anegadas, según Serra.
Las lluvias caídas entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, con una media de 500 litros por metro cuadrado, han permitido que los embalses estén al 77% de su capacidad, con 8.129 hectómetros, más del doble que hace un año, lo que garantizará el riego para dos años, ha subrayado Serra.
También hay efectos positivos
Sin embargo, la "escasa capacidad" de algunas infraestructuras así como la "tardanza" en acabar obras pendientes y en la construcción de nuevos embalses ha impedido que se pudieran almacenar unos 3.000 hectómetros más sólo en la cuenca del Guadalquivir, ha destacado el presidente de Asaja.
Ese agua se ha ido al mar y ha causado daños en las infraestructuras urbanas y rurales, ha anegado campos, cultivos y barrios, lo que, según Serra, se podría haber evitado si el Gobierno y la Junta hubieran invertido en incrementar la oferta de agua, recreciendo presas o con interconexiones entre cuencas.
Entre los efectos positivos de la lluvia se incluye que la dehesa se ha reverdecido y permite alimentar al ganado con pasto natural y no comprar pienso y forraje, ha resaltado el representante de Asaja, quien ha subrayado que entre el 21 de diciembre y el 21 de enero se desembalsaron 2.942 hectómetros.
De los 930 millones de euros de daños causados, Asaja calcula que 390 son en cultivos hortícolas de invernadero; 385 en el olivar de molino; 60 en cítricos; los mismos que en la fresa y la frambuesa; 18 millones en productos hortícolas al aire libre; 15 millones en "otros cultivos" y dos en la remolacha.
Prueba de fuego para los seguros agrarios
Ante esta situación, Serra ha planteado que se replanteen "dogmas" como que no se hagan embalses nuevos o que no se permita la gestión individual de explotaciones que ahora podrían tener una balsa y acumular agua para regar en verano, así como que se les apliquen exenciones fiscales del IBI rústico y rebajas en la tarifa eléctrica.
También ha destacado que tras el temporal de agua se produce una "prueba de fuego" para el sistema de seguros agrarios, al que están acogidos 63.000 agricultores, muchos de los cuales están encontrando "numerosas dificultades" para que les cubran el siniestro.
Serra ha señalado que es necesario "adaptar" los seguros agrícolas a la realidad porque se dan casos de cultivos como el olivar, donde sólo está asegurada el 1,5% de la superficie.

Leido en el diario El mundo, por su interes para los afectados de nuestra zona, reproducimos la noticia.

NOTA INFORMATIVA

Jimena no abona las retenciones de los trabajadores de Tesorillo a la Agencia Tributaria.

La Entidad Local Autónoma de San Martín del Tesorillo no ha podido hacer frente al pago de las retenciones de los trabajadores a la Agencia Tributaria.

La deuda asciende a 9.109,72€ y se debería de haber pagado antes del día 20 de Enero. Tras muchas peticiones hechas al Sr. Alcalde de Jimena recordándole la necesidad de abonar esta cantidad la respuesta ha sido nula, ni siquiera se ha puesto en contacto con la Entidad Local para aclarar sus intenciones, aunque desde la ELA se cree que las retenciones de los trabajadores jimenatos si que han sido pagadas.

Esta situación desde luego tendrá graves consecuencias económicas para la Entidad Local, multas e intereses...Si Pascual Collado no se quiere hacer cargo de los pagos de la ELA que deje de cobrarnos

Jimena no abona las retenciones de los trabajadores de Tesorillo a la Agencia Tributaria La Entidad Local Autónoma de San Martín del Tesorillo no ha podido hacer frente al pago de las retenciones de los trabajadores a la Agencia Tributaria. La deuda asciende a 9.109,72€ y se debería de haber pagado antes del día 20 de Enero. Tras muchas peticiones hechas al Sr. Alcalde de Jimena recordándole la necesidad de abonar esta cantidad la respuesta ha sido nula, ni siquiera se ha puesto en contacto con la Entidad Local para aclarar sus intenciones, aunque desde la ELA se cree que las retenciones de los trabajadores jimenatos si que han sido pagadas. Esta situación desde luego tendrá graves consecuencias económicas para la Entidad Local, multas e intereses...Si Pascual Collado no se quiere hacer cargo de los pagos de la ELA que deje de cobrarnos

Aznar: 'Zapatero dijo que estaría ocho años, vamos a ver si lo cumple o no'

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha concedido una entrevista a TVE, la primera que realiza con la cadena pública desde que abandonó el poder en 2004. Durante la misma ha hecho un amplio repaso a las cuestiones de actualidad política y ha comparado el presente de España con la época en la que él gobernaba.
Durante la entrevista, Aznar ha vaticinado que España llegará este año a los cinco millones de parados, ha reprochado al Gobierno el chivatazo a ETA en el 'bar Faisán' y se ha preguntado si Zapatero cumplirá su compromiso de no estar en La Moncloa más de ocho años.
"Zapatero dijo que estaría ocho años; vamos a ver si lo cumple o no", ha afirmado Aznar, antes de asegurar que no tiene intención de regresar a la política. "No tengo ni el más mínimo interés, ni el deseo ni la ambición en volver a la actividad pública", ha sentenciado, tras reconocer que "hay gente", dentro y fuera de su partido, que le pide que vuelva.
Aznar ha sido especialmente duro en sus reproches al Gobierno de Zapatero por la política antiterrorista. "Nosotros no estuvimos en lo que otros han estado. No dimos chivatazos a ETA, ni organizamos ninguna guerra sucia contra ETA", ha afirmado. "Yo nunca organicé 'gales', ni nunca organicé 'faisanes'", ha sentenciado.
Profundizando en el 'caso Faisán', el presidente de honor del PP ha exigido que se averigüe la verdad sobre este caso, que ha calificado de "absolutamente gravísimo". "Hasta ahora se sabe que hay altos mandos de la Policía detrás del chivatazo y es difícil de creer que un mando policial actúe al margen del Gobierno", ha afirmado.
Tras asegurar que "las políticas que se practican ahora contra ETA son las que funcionan", ha pedido que no se cambien. Según ha dicho, "de lo que tienen que arrepentirse algunos es de haber hecho perder el tiempo a los españoles durante cuatro años y de que ETA vuelva a las instituciones".
Para el presidente de honor del PP uno de los problemas más graves que tiene España es que el Estado "se está deshilachando" porque "hemos cruzado una línea muy peligrosa". En su opinión, la nueva generación de Estatutos de Autonomía "no ha sido una buena idea" y ha recalcado que en España se ha "dejado de discutir la organización de la pluralidad para discutir lo común".
Sobre la crisis económica, el ex presidente ha vaticinado que "a España le vienen años muy difíciles durante mucho tiempo" y ha criticado con dureza la actuación del Gobierno de Zapatero en materia económica.
"Es necesario cambiar de políticas cuando España se ha convertido en la mayor fábrica de paro de Europa", ha afirmado. "Lo que es absurdo es estar con 4,5 millones de parados y que haya gente que se niegue a hablar de reforma laboral", ha sentenciado.
Según ha vaticinado, España va a llegar este año a los cinco millones parados. "Es una enorme tragedia", ha afirmado Aznar, quien ha insistido en que "no vamos a poder ofrecer un futuro de recuperación de confianza si no se hacen las reformas necesarias".
Sobre la controversia suscitada en Vic por el empadronamiento de los inmigrantes ilegales, Aznar atribuyó la polémica al "error gravísimo" que a su juicio cometieron quienes ahora gobiernan en el Ayuntamiento de Vic (ERC, CiU y PSC), "los mismos que anduvieron por toda España diciendo 'papeles para todos'".

El "no" de María Teresa Fernandez de la Vega.

Los dirigentes políticos olvidan con frecuencia dos cosas fundamentales: quién les ha otorgado temporalmente el poder (el voto de los ciudadanos) y quién les paga el sueldo cada mes (los impuestos de los ciudadanos).
Si tuvieran en cuenta estas dos circunstancias, al menos una vez por semana, otro gallo nos cantaría.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández, no sólo es la número dos de Zapatero sino que es la portavoz del Gobierno, y como tal es la responsable de transmitir a los informadores la postura del Ejecutivo y los acuerdos que haya tomado el Consejo de Ministros, así como de responder con sinceridad y honradez a las preguntas que los periodistas consideren oportuno hacer.
Pues bien, cuando el tema no es de su agrado, la portavoz se dedica a ignorar la cuestión y a zanjar la pregunta con un “no tengo conocimiento sobre esa información”. Eso es lo grave, su sospechosa falta de conocimiento.
El pasado viernes, Fernández aseguró desconocer las informaciones que LA GACETA ha publicado en la última semana sobre adjudicaciones concedidas por la Junta de Andalucía a empresas que están o han estado relacionadas con Paula Chaves, hija del ex presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

La ignorancia de Fernández se puede entender de varias maneras. Una, no le importa la corrupción si afecta a alguien de su Gobierno. Dos, el caso Chaves es tan grave que prefiere escurrir el bulto y no afrontar la realidad para no verse ella y todo el Gobierno más afectados de lo que ya están.

Otra lectura de su ignorancia nos lleva a pensar que la vicepresidenta de todo un Gobierno democrático toma represalias contra un medio de comunicación, y le castiga con su sospechoso silencio. Fernández puede actuar como quiera, siempre y cuando no falte a la verdad ni encubra la posible corrupción de su colega de Gobierno.
Es evidente que el caso Chaves es una bomba política que ha iniciado su cuenta atrás y que estallará con todas sus consecuencias en su momento por mucho que Fernández diga ignorar el tema.

El pasado 13 de enero, LA GACETA publicaba, recogiendo fuentes jurídicas de toda solvencia, que el Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite la querella que presentó el PP contra Manuel Chaves por prevaricación y tráfico de influencias.
Si Zapatero y su Gobierno no estuvieran en franca descomposición, serían los primeros interesados en aclarar este grave caso de nepotismo.
Mantener en el Ejecutivo a todo un vicepresidente bajo sospecha de corrupción es una factura que no sólo pagará Zapatero y su gobierno, sino toda la democracia. De ahí que si el Gobierno y el PSOE prefieren hacerse los suecos y mirar hacia otra parte, la oposición está obligada (a ella también la pagamos con nuestros impuestos) a empeñarse política y judicialmente en que se aclaren estos hechos, que cada día que pasa, como demuestra la información que hoy publicamos firmada por Xavier Horcajo, son más graves.
Exigir la dimisión de Manuel Chaves, que hasta la fecha no ha dado ninguna explicación solvente que le exonere de responsabilidad, no debe ser una estrategia política del PP, sino un ejercicio imprescindible de higiene democrática.

Fernández cuida mucho su vestuario, pero lo que debería cuidar es su honradez política y estar mejor informada, sobre todo si está en tela de juicio un caso de corrupción que salpica de lleno a un vicepresidente del Gobierno.

Tesoro del Guadiaro se pregunta; ¿de toda la trama corruptiva del señor Chaves en el culebrón de su hija, que hubiese hecho el Juez Garzón si de miembros del PP se tratara?

La madre de Chacón, responsable del acoso laboral a una trabajadora
12:02 17 de enero, 2010 P. Sánchez Valentín.Barcelona

Esther Piqueras amenazó con echar a una periodista de la emisora municipal si no aceptaba la propuesta de la empresa.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, permitió, siendo alcalde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el acoso laboral a una trabajadora municipal, ocurrido en el año 2006, e impidió que el caso se debatiera en un pleno del consistorio, como pedía la oposición.
Corbacho se desentendió del asunto, a pesar de conocerlo y tener constancia documental del mismo, y no quiso esclarecerlo ni tomar medida alguna contra sus autores.
Los hechos se remontan a febrero de 2006, cuando Alicia Verós, periodista de la emisora municipal Radio L’Hospitalet, fue chantajeada por la empresa La Farga, que gestiona esta emisora y que depende a su vez del ayuntamiento de la segunda ciudad de Cataluña. La periodista fue amenazada con el despido por no querer firmar un nuevo contrato, lo que hubiera supuesto una flagrante ilegalidad, puesto que ya estaba contratada.
La responsable de la coacción fue la entonces jefa de personal de La Farga, Esther Piqueras, madre de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, quien amenazó a la trabajadora con indemnizarla y despedirla por no aceptar la propuesta de la empresa.
La trabajadora, que a la vista del cariz que había tomado el asunto, acudió a esa reunión asistida por su abogado, pidió unos días para estudiar el tema, lo que desató la ira de Esther Piqueras, quien, en un tono crispado, recurrió en un momento dado de la entrevista a un popular dicho catalán: “¡Pagant Sant Pere canta!” (¡Pagando, San Pedro canta!), para amedrentar a la trabajadora y conminarla a que firmara el nuevo contrato. Cuando el abogado de la periodista le recordó a Piqueras que estaba de más ese comentario, la madre de Carmen Chacón, poco menos que les echó de su despacho con cajas destempladas.
Ante la situación creada, Alicia Verós trasladó el caso a los portavoces municipales del PP y de Convergència i Unió, quienes pidieron tratar este asunto en una sesión plenaria de la corporación municipal. La petición fue rechazada por la mayoría socialista y el propio alcalde, Celestino Corbacho, que prefirió mirar hacia otro lado, como hace ahora con los más de 4 millones de parados que hay en España.
Se da la circunstancia de que La Farga es una empresa pública, nutrida con dinero del Ayuntamiento de L’Hospitalet y sometida a la fiscalización del consistorio, por lo que resulta inaudito que una funcionaria, por muy bien colocada que esté en el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y por muy madre de Carmen Chacón que sea, pueda disponer a su antojo del dinero de los contribuyentes porque simplemente le incomode una trabajadora. Este caso demuestra la prepotencia e impunidad con que actúan los políticos y directivos socialistas catalanes, a los que no les importa rozar la prevaricación o meterse de lleno en ella con tal de consumar sus propósitos. Así lo revela la actitud de la madre de la ministra Chacón, actualmente destinada en el área de sanidad del Ayuntamiento de Hospitalet, y a quien en algunos ambientes se conoce, no por casualidad, como “la madre de la Pantoja”.

El trasvase del Guadiaro envía 23 hectómetros cúbicos al Majaceite

El desvío de agua durante 24 días garantiza un cuarto del consumo de toda la zona gaditana.

El PP sostiene que funciona bajo mínimos, provocando la crecida del río.

Actualizado 15.01.2010 - 09:59


El trasvase del río Guadiaro al Majaceite ha movido 23 hectómetros cúbicos de agua desde su entrada en servicio el pasado 21 de diciembre.
El agua desviada a la cuenca del Guadalete se emplea exclusivamente para abastecer el consumo de la población de la provincia de Cádiz en la denominada zona gaditana por la Agencia Andaluza del Agua, lo que equivale a una población de un millón de habitantes.
Esta cantidad, según explicaron ayer a este diario desde la delegación provincial de Medio Ambiente, equivale a un cuarto del consumo anual de la ya citada zona gaditana. No es la única consecuencia de las excepcionales precipitaciones ya que, como anunció ayer este diario, los embalses de Charco Redondo y Guadarranque aliviaron hasta 32 hectómetros cúbicos de agua desde la apertura de sus compuertas, el 28 de diciembre.
El agua, además de seguir el curso de los ríos hasta el mar, también nutre a los acuíferos y corrientes subterráneas.Sin embargo, en el Partido Popular no consideran que la actuación de la Junta en materia hidrológica esté siendo la acertada.
Su presidente provincial, José Loaiza, denunció ayer en Algeciras que el trasvase está funcionando bajo mínimos lo que ha facilitado las inundaciones en San Martín del Tesorillo y Guadiaro. El político popular culpó de esta situación a la "irresponsabilidad de la Agencia Andaluza del Agua y a una avería que sufrió el primer día y que no se ha reparado hasta ahora".
Esto ha hecho, según añadió, que a pesar de la cantidad de agua caída y aunque la capacidad máxima de trasvase es de 100 metros cúbicos por segundo, no se superaran los 5 metros cúbicos por segundo. José Loaiza anunció que el PP pedirá responsabilidades en la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz prevista para el próximo lunes. Incluso, según apuntó el presidente local del PP en Algeciras, José Ignacio Landaluce, se pedirá una comparecencia extraordinaria de algún miembro del Gobierno autonómico para pedirle responsabilidades.El volumen anual medio trasvasado, desde la puesta en marcha del túnel que desemboca en el embalse de Los Hurones en el año 2000, ha sido de 42,23 hectómetros cúbicos, lo que supone aproximadamente el 50% del consumo de agua del sistema de abastecimiento de la zona gaditana. El agua trasvasada se almacena principalmente en el embalse de Los Hurones, y en menor medida en el de Guadalcacín para consumo de la población.