El "no" de María Teresa Fernandez de la Vega.

Los dirigentes políticos olvidan con frecuencia dos cosas fundamentales: quién les ha otorgado temporalmente el poder (el voto de los ciudadanos) y quién les paga el sueldo cada mes (los impuestos de los ciudadanos).
Si tuvieran en cuenta estas dos circunstancias, al menos una vez por semana, otro gallo nos cantaría.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández, no sólo es la número dos de Zapatero sino que es la portavoz del Gobierno, y como tal es la responsable de transmitir a los informadores la postura del Ejecutivo y los acuerdos que haya tomado el Consejo de Ministros, así como de responder con sinceridad y honradez a las preguntas que los periodistas consideren oportuno hacer.
Pues bien, cuando el tema no es de su agrado, la portavoz se dedica a ignorar la cuestión y a zanjar la pregunta con un “no tengo conocimiento sobre esa información”. Eso es lo grave, su sospechosa falta de conocimiento.
El pasado viernes, Fernández aseguró desconocer las informaciones que LA GACETA ha publicado en la última semana sobre adjudicaciones concedidas por la Junta de Andalucía a empresas que están o han estado relacionadas con Paula Chaves, hija del ex presidente de la Junta y actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.

La ignorancia de Fernández se puede entender de varias maneras. Una, no le importa la corrupción si afecta a alguien de su Gobierno. Dos, el caso Chaves es tan grave que prefiere escurrir el bulto y no afrontar la realidad para no verse ella y todo el Gobierno más afectados de lo que ya están.

Otra lectura de su ignorancia nos lleva a pensar que la vicepresidenta de todo un Gobierno democrático toma represalias contra un medio de comunicación, y le castiga con su sospechoso silencio. Fernández puede actuar como quiera, siempre y cuando no falte a la verdad ni encubra la posible corrupción de su colega de Gobierno.
Es evidente que el caso Chaves es una bomba política que ha iniciado su cuenta atrás y que estallará con todas sus consecuencias en su momento por mucho que Fernández diga ignorar el tema.

El pasado 13 de enero, LA GACETA publicaba, recogiendo fuentes jurídicas de toda solvencia, que el Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite la querella que presentó el PP contra Manuel Chaves por prevaricación y tráfico de influencias.
Si Zapatero y su Gobierno no estuvieran en franca descomposición, serían los primeros interesados en aclarar este grave caso de nepotismo.
Mantener en el Ejecutivo a todo un vicepresidente bajo sospecha de corrupción es una factura que no sólo pagará Zapatero y su gobierno, sino toda la democracia. De ahí que si el Gobierno y el PSOE prefieren hacerse los suecos y mirar hacia otra parte, la oposición está obligada (a ella también la pagamos con nuestros impuestos) a empeñarse política y judicialmente en que se aclaren estos hechos, que cada día que pasa, como demuestra la información que hoy publicamos firmada por Xavier Horcajo, son más graves.
Exigir la dimisión de Manuel Chaves, que hasta la fecha no ha dado ninguna explicación solvente que le exonere de responsabilidad, no debe ser una estrategia política del PP, sino un ejercicio imprescindible de higiene democrática.

Fernández cuida mucho su vestuario, pero lo que debería cuidar es su honradez política y estar mejor informada, sobre todo si está en tela de juicio un caso de corrupción que salpica de lleno a un vicepresidente del Gobierno.

Tesoro del Guadiaro se pregunta; ¿de toda la trama corruptiva del señor Chaves en el culebrón de su hija, que hubiese hecho el Juez Garzón si de miembros del PP se tratara?

La madre de Chacón, responsable del acoso laboral a una trabajadora
12:02 17 de enero, 2010 P. Sánchez Valentín.Barcelona

Esther Piqueras amenazó con echar a una periodista de la emisora municipal si no aceptaba la propuesta de la empresa.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, permitió, siendo alcalde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el acoso laboral a una trabajadora municipal, ocurrido en el año 2006, e impidió que el caso se debatiera en un pleno del consistorio, como pedía la oposición.
Corbacho se desentendió del asunto, a pesar de conocerlo y tener constancia documental del mismo, y no quiso esclarecerlo ni tomar medida alguna contra sus autores.
Los hechos se remontan a febrero de 2006, cuando Alicia Verós, periodista de la emisora municipal Radio L’Hospitalet, fue chantajeada por la empresa La Farga, que gestiona esta emisora y que depende a su vez del ayuntamiento de la segunda ciudad de Cataluña. La periodista fue amenazada con el despido por no querer firmar un nuevo contrato, lo que hubiera supuesto una flagrante ilegalidad, puesto que ya estaba contratada.
La responsable de la coacción fue la entonces jefa de personal de La Farga, Esther Piqueras, madre de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, quien amenazó a la trabajadora con indemnizarla y despedirla por no aceptar la propuesta de la empresa.
La trabajadora, que a la vista del cariz que había tomado el asunto, acudió a esa reunión asistida por su abogado, pidió unos días para estudiar el tema, lo que desató la ira de Esther Piqueras, quien, en un tono crispado, recurrió en un momento dado de la entrevista a un popular dicho catalán: “¡Pagant Sant Pere canta!” (¡Pagando, San Pedro canta!), para amedrentar a la trabajadora y conminarla a que firmara el nuevo contrato. Cuando el abogado de la periodista le recordó a Piqueras que estaba de más ese comentario, la madre de Carmen Chacón, poco menos que les echó de su despacho con cajas destempladas.
Ante la situación creada, Alicia Verós trasladó el caso a los portavoces municipales del PP y de Convergència i Unió, quienes pidieron tratar este asunto en una sesión plenaria de la corporación municipal. La petición fue rechazada por la mayoría socialista y el propio alcalde, Celestino Corbacho, que prefirió mirar hacia otro lado, como hace ahora con los más de 4 millones de parados que hay en España.
Se da la circunstancia de que La Farga es una empresa pública, nutrida con dinero del Ayuntamiento de L’Hospitalet y sometida a la fiscalización del consistorio, por lo que resulta inaudito que una funcionaria, por muy bien colocada que esté en el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y por muy madre de Carmen Chacón que sea, pueda disponer a su antojo del dinero de los contribuyentes porque simplemente le incomode una trabajadora. Este caso demuestra la prepotencia e impunidad con que actúan los políticos y directivos socialistas catalanes, a los que no les importa rozar la prevaricación o meterse de lleno en ella con tal de consumar sus propósitos. Así lo revela la actitud de la madre de la ministra Chacón, actualmente destinada en el área de sanidad del Ayuntamiento de Hospitalet, y a quien en algunos ambientes se conoce, no por casualidad, como “la madre de la Pantoja”.

El trasvase del Guadiaro envía 23 hectómetros cúbicos al Majaceite

El desvío de agua durante 24 días garantiza un cuarto del consumo de toda la zona gaditana.

El PP sostiene que funciona bajo mínimos, provocando la crecida del río.

Actualizado 15.01.2010 - 09:59


El trasvase del río Guadiaro al Majaceite ha movido 23 hectómetros cúbicos de agua desde su entrada en servicio el pasado 21 de diciembre.
El agua desviada a la cuenca del Guadalete se emplea exclusivamente para abastecer el consumo de la población de la provincia de Cádiz en la denominada zona gaditana por la Agencia Andaluza del Agua, lo que equivale a una población de un millón de habitantes.
Esta cantidad, según explicaron ayer a este diario desde la delegación provincial de Medio Ambiente, equivale a un cuarto del consumo anual de la ya citada zona gaditana. No es la única consecuencia de las excepcionales precipitaciones ya que, como anunció ayer este diario, los embalses de Charco Redondo y Guadarranque aliviaron hasta 32 hectómetros cúbicos de agua desde la apertura de sus compuertas, el 28 de diciembre.
El agua, además de seguir el curso de los ríos hasta el mar, también nutre a los acuíferos y corrientes subterráneas.Sin embargo, en el Partido Popular no consideran que la actuación de la Junta en materia hidrológica esté siendo la acertada.
Su presidente provincial, José Loaiza, denunció ayer en Algeciras que el trasvase está funcionando bajo mínimos lo que ha facilitado las inundaciones en San Martín del Tesorillo y Guadiaro. El político popular culpó de esta situación a la "irresponsabilidad de la Agencia Andaluza del Agua y a una avería que sufrió el primer día y que no se ha reparado hasta ahora".
Esto ha hecho, según añadió, que a pesar de la cantidad de agua caída y aunque la capacidad máxima de trasvase es de 100 metros cúbicos por segundo, no se superaran los 5 metros cúbicos por segundo. José Loaiza anunció que el PP pedirá responsabilidades en la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz prevista para el próximo lunes. Incluso, según apuntó el presidente local del PP en Algeciras, José Ignacio Landaluce, se pedirá una comparecencia extraordinaria de algún miembro del Gobierno autonómico para pedirle responsabilidades.El volumen anual medio trasvasado, desde la puesta en marcha del túnel que desemboca en el embalse de Los Hurones en el año 2000, ha sido de 42,23 hectómetros cúbicos, lo que supone aproximadamente el 50% del consumo de agua del sistema de abastecimiento de la zona gaditana. El agua trasvasada se almacena principalmente en el embalse de Los Hurones, y en menor medida en el de Guadalcacín para consumo de la población.

El PP culpa a la Agencia Andaluza del Agua por las inundaciones de Tesorillo

El presumible polígono industrial de Tesorillo, bajo los efectos de las inundaciones.

Canal de Buitreras posible causante de las inundaciones en Tesorillo, según denuncia el PP.

Loaíza afirma que el trasvase entre Guadiaro y Majaceite estuvo funcionando «al mínimo», lo que motivó las riadas

El presidente provincial del PP, José Loaíza, responsabilizó a la Agencia Andaluza del Agua de las inundaciones sufridas en San Martín del Tesorillo y San Pablo de Buceite y que han producido graves daños en las cosechas de cítricos.
Loaíza subrayó que haber mantenido el trasvase Guadiaro-Majaceite «al mínimo» motivó las inundaciones en San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo.
Por su parte, el diputado nacional del PP, José Ignacio Landaluce, cifró en 15 millones de kilogramos de naranjas las pérdidas a causa de las inundaciones sufridas en la zona. Según Landaluce, la situación es muy grave, máxime teniendo en cuenta que muchos caminos están intransitables en la zona, lo que provoca problemas de desplazamiento incluso para alimentar a animales que se encuentran en granjas.
Adelantó además que, el Grupo Parlamentario del PP en el Parlamento Andaluz ha solicitado un pleno especial sobre las inundaciones y en concreto en el Campo de Gibraltar. También indicó que la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, presentará una Proposición No de Ley al respecto.
Por su parte, Loaíza indicó que el próximo lunes se reúne la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz y que allí se propondrá una comparecencia extraordinaria de la titular de la Consejería de Medio Ambiente, Cinta Castillo, para «hablar y pedir responsabilidades». En el caso de que no compareciera la consejera, el PP pediría que fuese el propio Consejo de Gobierno quien ofreciese las explicaciones oportunas.
Loaíza también se refirió a las pérdidas acaecidas en Jerez, sobre todo en cuanto a las cosechas de zanahoria y brócoli.

Leido en Surcampo de Gibraltar. 15-01-2010

INUNDACIONES
Agricultura. Según el PP, las pérdidas en el sector de cítricos en San Martín del Tesorillo y San Pablo de Buceite podrían cifrarse en unos 15 millones de kilogramos de naranjas perdidas.
Trasvase. José Loaíza indicó que el hecho de que el trasvase Guadiaro-Majaceite estuviese funcionando al mínimo fue la causa de las inundaciones en la zona.
Daños. Sin entrar a cuantificar las pérdidas en lo privado, el Ayuntamiento de Los Barrios indicó ayer que lo daños sufridos en bienes municipales a causa del temporal puede situarse en torno a los 80.000 euros.

EL GESTO DE DÑA. MARIA TERESA ES CLARO ¡ A MÍ QUE NO ME TOQUEN!

La exclusiva que publica hoy LA GACETA levanta el velo de pudor con que los actuales gobernantes han cubierto sus propias historias familiares, en un gesto que revela malestar en la memoria personal.

Ese dolor de memoria pertenece al ámbito privado, pero se convierte en doblez moral ante la opinión pública cuando miembros del Ejecutivo desfiguran la verdad histórica para su propio beneficio mediático e incluso patrimonial.

Es, singularmente, el caso de María Teresa Fernández de la Vega, que vive en un piso que Franco regaló a su padre Wenceslao.

Cuando, en su última gira por Hispanoamérica, un presentador se refirió a él como alto cargo del franquismo, la vicepresidenta intervino para ensalzarle como "represaliado del franquismo".

Si bien era sabido que la vice mentía para purgar sus fantasmas, la propiedad del piso de la madrileña calle Hernani confirma no sólo la voluntad de engaño de María Teresa, sino también el cinismo con que postula una serie de medidas para distorsionar una parte de la Historia, al tiempo que recibe un lucro muy notable de actuaciones de la dictadura.

Es otra de las muchas zonas oscuras de una vicepresidenta que ha acumulado tanto poder como para permitirse actuaciones discutibles en ámbitos a la vez tan polémicos y tan ocultos a los gobernados como su empadronamiento en Beneixida, sus presiones contra el mensajero en la persona del director de este diario, sus tournées de verano o su poblado guardarropa.

Si al margen de la opacidad administrativa, nada hay de ilegal en el trámite jurídico por el que De la Vega recibió en herencia la finca de la calle Hernani, la información de LA GACETA sí incide en la falta de delicadeza ética de una gobernante que, en aplicación de sus propias teorías sobre la memoria histórica, podría haber tenido el gesto de bravura de no acumular patrimonio con origen –según sus ideas- poco santo. Pero, en materia pecuniaria, la número dos de Zapatero parece alinearse con el emperador que gravó con una tasa las letrinas: el dinero, al fin y al cabo, non olet, (no huele).

La revelación de LA GACETA desmiente la versión legendaria que ha hecho circular la vicepresidenta en torno a la figura de su padre, quien accedió a la propiedad del piso de la calle Hernani en la posición ventajosa que, para la finca expropiada en el franquismo y vendida en democracia, le daba su condición de alto cargo del Ministerio de Trabajo.

Condición que, durante la dictadura, le hizo acreedor de reconocimientos por parte del franquismo. Más aún: pese a los esfuerzos de De la Vega por ocultar las huellas de la labor administrativa de su padre, se sabe que sus únicas discrepancias con el régimen fueron consecuencia de seguir en el paradigma de los camisas viejas en tiempos de la tecnocracia.
La Memoria Histórica no puede ser selectiva. Por eso se ha vuelto con frecuencia contra destacados socialistas, empezando por el presidente Zapatero y siguiendo por Bono, Rubalcaba, Marín, Barreda, Bermejo y otros.

Posiblemente, en su calidad de jerarcas del franquismo, los padres de dichos socialistas trabajaron, como afirmó de sí López Rodó, en servicio de España, sin importar la circunstancia.
También por este dato, el Gobierno no debería impulsar leyes que, o van contra ellos mismos, o alientan, como muestra el caso de María Teresa Fernández de la Vega, una actitud de hipocresía