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El alcalde de Mijas 'ficha' como asesor al marido de la delegada de Vivienda

Esta localidad tiene pendiente dar cobertura legal a más de 8.000 viviendas.

El marido de la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Málaga, Josefa López Pérez, trabaja desde 2008 como coordinador de Áreas Administrativas del Ayuntamiento de Mijas, municipio gobernado por el PSOE, y que en la actualidad se encuentra inmerso en una dificilísima situación ante la necesidad de dar cobertura legal a unas 8.000 viviendas levantadas de forma irregular durante años de permisividad.

El 30 de septiembre de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el nombramiento del cónyuge de la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio –organismo clave en la legalización de la situación urbanística del municipio– como coordinador de Áreas Administrativas del Ayuntamiento mijeño. Por este puesto está cobrando un salario de 60.441,68 euros al año, de los que 4.610,66 se deben a complementos por productividad, según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga.

Francisco Trujillo Labella, marido de Josefa López, tiene dedicación plena, y forma parte del grupo de cinco asesores de libre designación 'fichados' por el alcalde Antonio Sánchez para esta legislatura, y entre los que se encuentran un asesor de Relaciones Institucionales, otro de Planeamiento y Actuaciones Urbanísticas, un asesor de Área Técnica y un coordinador de Seguridad Ciudadana. Cada uno de ellos cobra anualmente cantidades que oscilan entre los 60.441,68 euros de Trujillo Labella y los 76.729,12 del asesor de Área Técnica.

Preguntada por este periódico por el 'fichaje' de su marido, la delegada de Vivienda le restó importancia, asegurando que su cónyuge es funcionario de la Junta de Andalucía, y que tras una amistad de 30 años con el actual alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, éste había querido contar con él. «Todos los ayuntamientos tienen personal de confianza», señaló Josefa López, para quien su marido «le está haciendo un favor al alcalde».

«No le han regalado ninguna plaza, no forma parte de la plantilla ni le ha quitado el puesto a nadie; no se está haciendo con él nada ilegal ni extraordinario, se trata de algo normal», reiteró la delegada, que quiso remarcar que entre las funciones de su marido en el Consistorio mijeño «no hay nada vinculado con el departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio».

Se da la circunstancia de que el marido de la delegada, que trabajaba con categoría de administrativo como funcionario de la Delegación de Salud de la Junta en Málaga, trabajó durante una temporada en Marbella como funcionario de la Oficina de Planeamiento, coincidiendo en el tiempo con el periodo en el que la propia delegada ostentó el cargo de vocal de la Comisión Gestora designada en el municipio tras el estallido del 'caso Malaya'.

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MANUEL CHAVES NO DICE LA VERDAD SOBRE EL PAPEL DE SU HIJA EN MATSA

CADA día es más evidente que el último caso Chaves, el que atañe a la ayuda de 10 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a la empresa minera que apodera la hija del ex presidente andaluz, pivota entre el nepotismo descarado, los indicios de prevaricación y el cinismo más desvergonzado. Al no poder rebatir la información publicada por EL MUNDO, Manuel Chaves ha intentado desacreditarla presentando a su hija como una trabajadora más de la empresa beneficiaria y asegurando que en ningún caso intervino directamente en el expediente de esta ayuda. Pues bien, tal como probamos hoy, Paula Chaves no sólo solicitó, sino que también tramitó y firmó el recibí de la subvención concedida por su padre. Es decir, la gestión de la hija del actual vicepresidente tercero del Gobierno fue determinante para que Matsa accediera a esta ayuda multimillonaria, para cuya concesión la Junta modificó su propia normativa, que en principio sólo permitía financiar el inicio de las explotaciones extractivas y no el proceso de transformación del mineral. Para más inri, el PP tiene la fundada sospecha de que el despacho del ex ministro socialista Carlos Solchaga y del ex consejero andaluz José Aureliano Recio medió en este expediente. La comparecencia del vicepresidente en el Congreso, solicitada ayer por Rajoy, es inexcusable. Y hace muy bien el líder del PP en advertir que su partido «no abandonará este tema» hasta que no quede esclarecido o tenga consecuencias.


LA HIJA DE CHAVES GESTIONO Y FIRMO LAS AYUDAS DE SU PADRE

Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intervino directamente en la tramitación administrativa del expediente por el que la Junta de Andalucía concedió más de 10 millones de euros a la empresa de la que es apoderada.

Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta en un Consejo de Gobierno que presidió Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. Rajoy le exige explicaciones. En el expediente de la subvención a la sociedad Minas de Aguas Teñidas (Matsa) se puede comprobar no sólo que las comunicaciones previas a la concesión del incentivo iban dirigidas personalmente a Paula Chaves, sino que fue ella quien puso su firma para dar la conformidad de la empresa (el 23 de febrero de 2009) aceptando la ayuda que había rubricado en enero su padre como presidente de Andalucía. Como resulta evidente que esa responsabilidad extralimita las funciones propias de una abogada vinculada laboralmente al departamento jurídico de la multinacional minera canadiense, la versión oficial del vicepresidente Chaves y de la Junta de Andalucía ha tenido que ser la de negar la mayor: que Paula Chaves no ha tenido la más mínima intervención en el asunto. El pasado martes, en el Senado, Manuel Chaves subrayó que «no me constó ni me consta hoy» que su hija «hubiera tenido nada que ver con ese expediente». Por la mañana, Manuel Pérez Yruela, portavoz del Gobierno andaluz, aseguró también que Paula Chaves «no ha tenido que ver nada con la tramitación» y que no fue la «responsable» del expediente. ¿Por qué esta insistencia? Lo que se quería descartar de raíz era la posibilidad de que el actual vicepresidente Chaves hubiera vulnerado en enero la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que establece que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración «hubiese tenido alguna parte» cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil. El problema es que su hija sí tuvo parte en este asunto. En la escritura de apoderamiento, publicada en el Registro Mercantil de Huelva, figura entre las facultades conferidas a Paula Chaves la de «dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador», que es el caso de la comunicación de la concesión de una ayuda de la Junta. La empresa retrotrae el momento en que ésta empezó a participar directamente en «la gestión y tramitación de incentivos y ayudas» al 2 de julio de 2007, lo que supondría su implicación desde el primer momento en este expediente que terminó con la concesión de los casi 10,1 millones de euros, ya que la solicitud de esta ayuda es de tres meses más tarde: octubre de 2007. Según la versión de Matsa y el Registro Mercantil, Paula Chaves participó en el expediente desde el principio y era quien -por un apoderamiento especial- recibía las comunicaciones de la Junta y tenía que dar su conformidad a la ayuda que se concedió con la rúbrica de su padre. El Gobierno andaluz dice lo contrario: que el ex presidente no violó la ley. El portavoz del Ejecutivo regional, Pérez Yruela, aboga por una interpretación menos estricta del artículo 7 de esa norma. «Si se hace una interpretación muy extensa del artículo, casi nadie que tenga relación con un alto cargo podría entonces solicitar nada», ha señalado. Nadie ha negado a Matsa el derecho a solicitar o percibir las ayudas porque tenga a la hija de Chaves empleada o por concederla poderes especiales antes de finalizar el expediente. A lo que obligaba la Ley de Incompatibilidades es a que Manuel Chaves se inhibiera en la aprobación final de la ayuda, por consanguinidad. Como ha publicado EL MUNDO, después de la inscripción de Paula Chaves como apoderada de Matsa en noviembre de 2008, el Gobierno andaluz elevó su propuesta de incentivo, incrementándose de 6,9 a casi 10,1 millones. Un mes antes de la concesión, la Junta alteró también una orden autonómica para poder subvencionar los proyectos «de transformación» de mineral -como el de Matsa- y no sólo los de industrias extractivas. Sin ese cambio, Chaves habría tenido que denegar la ayuda, como hizo el Ministerio de Industria.

Un informe interno de la Junta prueba que Chaves incumplió la ley de Incompatibilidades

Un informe elaborado en 2006 por la Inspección de la Junta de Andalucía para eximir a un hermano del actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, de haber incumplido la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos, permitiría demostrar que el ex presidente autonómico violó esa normativa de "impulso democrático" al aprobar y firmar el pasado 20 de enero un incentivo de más de diez millones de euros a favor de la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que figura como apoderada su hija.

Por un efecto bumerán, los argumentos esgrimidos hace menos de tres años para mantener en el cargo de director general de la Junta a Leonardo Chaves �tras haber adjudicado a dedo una obra a una empresa en la que, por una argucia legal, no figuraba ya como apoderado otro hermano del ministro de Política Territorial� obligan a concluir que el ex presidente andaluz cometió una infracción "grave" o "muy grave", que se sanciona con su publicación en el Boletín Oficial regional y la imposibilidad de participar en instituciones de la autonomía por un plazo mínimo de tres años.

El 11 de septiembre de 2006, Pedro Rodríguez Bueno, funcionario vinculado a la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Junta de Andalucía, finalizó el informe encargado siete días antes por la antigua titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública María José López, para comprobar si el hasta hace un par de semanas director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves, había incumplido la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos al firmar la adjudicación sin concurso de una obra a favor de la sociedad anónima Climo Cubierta, en la que figuraba como asesor Antonio José Chaves, el mayor de los hermanos del ex presidente andaluz.

El inspector concluyó que en aquel caso no se había producido incumplimiento alguno de la ley, fundamentando su informe en dos aspectos. En primer lugar, destacaba que "en la fecha del contrato referido" el asesor Antonio José Chaves no asumía funciones directivas en Climo Cubierta, resaltándose en este sentido que, como trabajador autónomo, no mantenía "ninguna relación laboral" con la empresa y que había dejado de ser formalmente "apoderado" de dicha firma con año y medio de antelación al día de la adjudicación.

Conviene recordar en este punto que Antonio José Chaves fue accionista y apoderado de Climo Cubierta hasta sólo 11 días antes de publicarse en el BOJA el nombramiento de Leonardo Chaves como director general de la Junta. Ante un juez, el mayor de los hermanos no tuvo el menor reparo en atribuir esa secuencia de hechos a la pura coincidencia, ya que aseguró que se desprendió de todos sus títulos y cargos sin saber que iba a tener a otro hermano en un despacho de la Junta ante el que su empresa iba a pedir contratos y subvenciones.

En el caso del incentivo a Matsa firmado por Chaves, en la fecha en la que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó los casi 10,1 millones de euros a favor de la empresa minera �20 de enero de este año� la abogada Paula Chaves Iborra no sólo mantenía una relación laboral con Aguas Teñidas (que arranca el 2 de julio de 2007, según difundió la propia sociedad minera), sino que además contaba con un apoderamiento que, conforme al Registro Mercantil, le permitía "comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes".

Otro elemento que se subraya en el informe elaborado en 2006 por la Inspección de la Junta para eximir al hermano de Chaves es que el contrato adjudicado a Climo Cubierta fue "suscrito" el 2 de diciembre de 2005 por otro "apoderado" de dicha sociedad, en concreto José María Gómez Márquez. En el caso de Matsa, fue la hija de Chaves la que suscribió la aceptación del incentivo el 23 de febrero de este año en su condición de apoderada para "dirigir, recibir y contestar notificaciones" como la de la concesión de una ayuda del Gobierno andaluz.

'Relación directa'
El segundo aspecto en el que se basó hace tres años la Inspección para exculpar a Leonardo Chaves es que no estaba "acreditado" que su otro hermano �el asesor Antonio José� hubiera tenido una "relación directa en la adjudicación del contrato de suministro" en cuestión. En el caso de la hija de Chaves, no es ya que su firma figure en el expediente de la ayuda, sino que la propia Matsa reconoció que, como "responsable del departamento jurídico" durante los dos últimos años, sus funciones incluían la "gestión y tramitación de incentivos y ayudas" y "la representación de la sociedad ante cualquier registro o Administración Pública".

Teniendo en cuenta que la solicitud del incentivo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA está fechada en octubre de 2007, esto es, tres meses después de la contratación de Paula Chaves, necesariamente hay que concluir que la hija del ex presidente de la Junta tuvo desde el primer momento la "relación directa" con el expediente que se exige para aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.

En su comparecencia del pasado miércoles ante el pleno del Parlamento, el consejero de Innovación, Cienca y Empresa, Martín Soler, excusó a Manuel Chaves de no haberse inhibido en la aprobación de la ayuda porque Matsa no había comunicado que su hija estuviera apoderada para su tramitación. Dejando al margen que, conforme a la versión ofrecida por Aguas Teñidas, era la propia Paula Chaves quien en todo caso tendría que haberse encargado de comunicar su apoderamiento a la Junta con carácter previo a la aprobación del incentivo por su padre, hay que reseñar que el informe sobre Climo Cubierta demuestra que ese dato en realidad no es determinante para exculpar a ningún alto cargo.

La clave es si el familiar del cargo político autonómico está apoderado o no cuando se firma la ayuda, y en este caso nadie puede desmentir que existía un amplísimo poder a favor de Paula Chaves Iborra, ya que se le puede seguir la pista registralmente.

De ahí pueden derivar las reticencias del Gobierno andaluz a volver a reclamar un informe a la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Junta. Preguntado el pasado martes al respecto, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Manuel Pérez Yruela, remitió a lo que dijera al día siguiente el consejero Soler en su comparecencia parlamentaria. Sin embargo, el titular de Innovación guardó silencio en relación a la posibilidad de que los inspectores aclaren si Manuel Chaves se incorporó al Gobierno de la Nación justo después de saltarse a

Rafael del Barco Carreras

28-05-09. Leo la noticia de las subvenciones a MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA, apoderada Paula Chaves, hija del Vicepresidente Chaves, y como en los últimos juicios me asaltan los fantasmas del pasado. Quince años. Cuando en 1994 se detiene a Javier de la Rosa por GRAN TIBIDABO, Port Aventura. Cuatro meses en Brians, y los desaparecidos 30.000 millones de 9.000 ahorradores inician el eterno sumario que acaba en 2008 con un pacto entre las partes. Tres años y medio de cárcel (código viejo y tercer grado) para Javier de la Rosa. Excelente negocio para estafadores y juristas. José Aureliano Recio no apareció en una estafa de la que obtuvo exagerados pero legales beneficios, ni tampoco en las varias de KIO donde su sueldo igualaba el de los grandes banqueros. Ver dos de las muchas publicaciones y libros de referencia en www.lagrancorrupcion.blogspot.com

Creía que andaban jubilados. ¡Pero no! tienen su Bufete, Solchaga Recio & Asociados, y ¡cómo no podría ser menos! tramitando subvenciones. A Paula no creo que por peso específico le fuera necesario acudir a “clásicos conseguidores”, pero es bueno repartir, y además en Madrid puede ocurrir, y ocurrió, que por una tontería (la solvencia de la sociedad) se le negara.

Que los dos pertenecen a la ÉPOCA DEL PELOTAZO no tiene vuelta de hoja, pero si Magdalena Álvarez y su Jefe en Hacienda Josep Borrell se presentan al cómodo sillón del Parlamento Europeo, sus correligionarios, y máximo JEFAZO Y MINISTRO, no tenían porqué retirarse tras aquella feliz época, máxime cuando las cifras actuales la convierten en una excursión de boyscauts.

Una modesta cifra, 10 millones de euros, que ante la avalancha de detenciones por esos ayuntamientos de Dios, no merece interés mediático, pero si la Justicia ya “fila tan prim” (hila tan delgado) que alcanza los trajes del Presidente Valenciano, debe ser que el Estado de Derecho por fin nos alcanza a todos. A mi me alcanzó hace treinta años cuando un juez, Ezequiel Miranda de Dios, con piso de Juan Piqué Vidal (más que abogado alter ego de Javier de la Rosa), decretara mi prisión. La primera de las grandes subvenciones al Socialismo de Narcís Serra.

El presidente de PP ha insistido en pedir explicaciones a Zapatero por utilizar un avión del Ejército, un Falcon, para asistir a mítines electorales del PSOE, porque "el dinero público es de todos los contribuyentes" y, por tanto, este tema "requiere transparencia, porque uno ya está harto de chulería, prepotencia y de cómo se usa el dinero" de todos los españoles. "Aquí hay gente que lo ve normal, que no le da importancia, que alega razones de seguridad, pero los demás no lo hacíamos y en Europa no lo hace nadie", ha aseverado.

Además, "ahora la vicepresidenta dice que cambiarán la normativa, que la cambien pero que expliquen cómo se han usado los aviones (del Ejército español) en estos cinco años de Gobierno de Zapatero y en los anteriores con Aznar en el Gobierno". Rajoy ha continuado su discurso dejando claro que "hablo de esto porque el PSOE lo ha introducido en la campaña".

Mariano Rajoy ha aparecido en el Parque Grande de Zaragoza montado en un Opel. Si fuera Vigo, tal vez habría elegido, como Feijóo, un Citroën. Y es que, como era de prever, el mensaje que hoy había de dar en campaña el presidente del PP tenía que estar relacionado con la crisis que vive la empresa automovilística alemana, ubicada en Figueruelas (Zaragoza), de la que dependen 7.500 puestos de trabajo directos y 25.000 auxiliares. Así, Rajoy ha emplazado al Gobierno de Zapatero a "dar la batalla que tienen que dar" y le ha advertido de que, en caso, contrario, le pedirá "responsabilidades".

Antes que él, el presidente del PP de Zaragoza, Luis María Beamonte ha dicho que mientras Angela Merkel "negocia hasta altas horas de la mañana" para salvar la situación, "Zapatero está en Roma viendo un partido".

Mucho más suave, Rajoy ha dicho, en relación con "la mayor empresa industrial de Aragón" que "las declaraciones del Gobierno sobre las excelencias competitivas y tecnológicas están muy bien y las suscribo", pero que "en este asunto el Gobierno nacional y regional tiene la obligación de involucrarse muy a fondo y tomarse el tema muy en serio, negociar bien y ser muy diligentes para evitar problemas y asegurar un futuro claro".

"El PP apoyará a cualquier Gobierno que dé la batalla que tiene que dar", ha sido su moderada posición de campaña, "pero como no la den, exigiremos responsabilidades porque es nuestra obligación. Espero que estén a la altura circunstancias". La prudencia con que se ha expresado sobre este asunto ha contrastado con la acusación dirigida al Ejecutivo en relación con la pérdida de los fondos estructurales europeos. "Vamos a recuperar los Fondos que una pésima negociación de unos inútiles nos hizo perder en Europa".

Pero, en su décimo día de campaña, con una voz castigada por la ronquera y ante apenas un millar de 'populares' tocados por sombrero, lo que fundamentalmente ha hecho Rajoy es redoblar su ofensiva contra Chaves y Zapatero.

"Son las 12.42 del día 31 mayo y todavía el vicepresidente tercero del Gobierno no ha dado una explicación sobre la subvención dada, después de cambiar la normativa, a una empresa apoderada por su hija". Hasta tres veces ha dado Rajoy la hora con este mismo argumento a lo largo de su intervención, por lo demás, una de las de menos contenido de la campaña.

Sobre los Falcon: 'Uno ya está harto de chulería y prepotencia'
El día en que el PP triunfa en las encuestas de la mayoría de los periódicos, Rajoy se ha declarado "muy contento" y confiado en la victoria el 7-J. "Están de los nervios", ha empezado por decir, pero ha aprovechado también para intentar frenar la abstención que tanto le perjudica y que ha reducido su margen de ventaja a lo largo de la campaña: "Tenéis que ir a votar; ésta es la batalla que tenemos que dar en los próximos días".