Un informe elaborado en 2006 por la Inspección de la Junta de Andalucía para eximir a un hermano del actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, de haber incumplido la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos, permitiría demostrar que el ex presidente autonómico violó esa normativa de "impulso democrático" al aprobar y firmar el pasado 20 de enero un incentivo de más de diez millones de euros a favor de la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que figura como apoderada su hija.
Por un efecto bumerán, los argumentos esgrimidos hace menos de tres años para mantener en el cargo de director general de la Junta a Leonardo Chaves �tras haber adjudicado a dedo una obra a una empresa en la que, por una argucia legal, no figuraba ya como apoderado otro hermano del ministro de Política Territorial� obligan a concluir que el ex presidente andaluz cometió una infracción "grave" o "muy grave", que se sanciona con su publicación en el Boletín Oficial regional y la imposibilidad de participar en instituciones de la autonomía por un plazo mínimo de tres años.
El 11 de septiembre de 2006, Pedro Rodríguez Bueno, funcionario vinculado a la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Junta de Andalucía, finalizó el informe encargado siete días antes por la antigua titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública María José López, para comprobar si el hasta hace un par de semanas director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves, había incumplido la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos al firmar la adjudicación sin concurso de una obra a favor de la sociedad anónima Climo Cubierta, en la que figuraba como asesor Antonio José Chaves, el mayor de los hermanos del ex presidente andaluz.
El inspector concluyó que en aquel caso no se había producido incumplimiento alguno de la ley, fundamentando su informe en dos aspectos. En primer lugar, destacaba que "en la fecha del contrato referido" el asesor Antonio José Chaves no asumía funciones directivas en Climo Cubierta, resaltándose en este sentido que, como trabajador autónomo, no mantenía "ninguna relación laboral" con la empresa y que había dejado de ser formalmente "apoderado" de dicha firma con año y medio de antelación al día de la adjudicación.
Conviene recordar en este punto que Antonio José Chaves fue accionista y apoderado de Climo Cubierta hasta sólo 11 días antes de publicarse en el BOJA el nombramiento de Leonardo Chaves como director general de la Junta. Ante un juez, el mayor de los hermanos no tuvo el menor reparo en atribuir esa secuencia de hechos a la pura coincidencia, ya que aseguró que se desprendió de todos sus títulos y cargos sin saber que iba a tener a otro hermano en un despacho de la Junta ante el que su empresa iba a pedir contratos y subvenciones.
En el caso del incentivo a Matsa firmado por Chaves, en la fecha en la que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó los casi 10,1 millones de euros a favor de la empresa minera �20 de enero de este año� la abogada Paula Chaves Iborra no sólo mantenía una relación laboral con Aguas Teñidas (que arranca el 2 de julio de 2007, según difundió la propia sociedad minera), sino que además contaba con un apoderamiento que, conforme al Registro Mercantil, le permitía "comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la comunidad autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes".
Otro elemento que se subraya en el informe elaborado en 2006 por la Inspección de la Junta para eximir al hermano de Chaves es que el contrato adjudicado a Climo Cubierta fue "suscrito" el 2 de diciembre de 2005 por otro "apoderado" de dicha sociedad, en concreto José María Gómez Márquez. En el caso de Matsa, fue la hija de Chaves la que suscribió la aceptación del incentivo el 23 de febrero de este año en su condición de apoderada para "dirigir, recibir y contestar notificaciones" como la de la concesión de una ayuda del Gobierno andaluz.
'Relación directa'
El segundo aspecto en el que se basó hace tres años la Inspección para exculpar a Leonardo Chaves es que no estaba "acreditado" que su otro hermano �el asesor Antonio José� hubiera tenido una "relación directa en la adjudicación del contrato de suministro" en cuestión. En el caso de la hija de Chaves, no es ya que su firma figure en el expediente de la ayuda, sino que la propia Matsa reconoció que, como "responsable del departamento jurídico" durante los dos últimos años, sus funciones incluían la "gestión y tramitación de incentivos y ayudas" y "la representación de la sociedad ante cualquier registro o Administración Pública".
Teniendo en cuenta que la solicitud del incentivo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA está fechada en octubre de 2007, esto es, tres meses después de la contratación de Paula Chaves, necesariamente hay que concluir que la hija del ex presidente de la Junta tuvo desde el primer momento la "relación directa" con el expediente que se exige para aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
En su comparecencia del pasado miércoles ante el pleno del Parlamento, el consejero de Innovación, Cienca y Empresa, Martín Soler, excusó a Manuel Chaves de no haberse inhibido en la aprobación de la ayuda porque Matsa no había comunicado que su hija estuviera apoderada para su tramitación. Dejando al margen que, conforme a la versión ofrecida por Aguas Teñidas, era la propia Paula Chaves quien en todo caso tendría que haberse encargado de comunicar su apoderamiento a la Junta con carácter previo a la aprobación del incentivo por su padre, hay que reseñar que el informe sobre Climo Cubierta demuestra que ese dato en realidad no es determinante para exculpar a ningún alto cargo.
La clave es si el familiar del cargo político autonómico está apoderado o no cuando se firma la ayuda, y en este caso nadie puede desmentir que existía un amplísimo poder a favor de Paula Chaves Iborra, ya que se le puede seguir la pista registralmente.
De ahí pueden derivar las reticencias del Gobierno andaluz a volver a reclamar un informe a la Dirección General de Inspección y Evaluación de la Junta. Preguntado el pasado martes al respecto, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Manuel Pérez Yruela, remitió a lo que dijera al día siguiente el consejero Soler en su comparecencia parlamentaria. Sin embargo, el titular de Innovación guardó silencio en relación a la posibilidad de que los inspectores aclaren si Manuel Chaves se incorporó al Gobierno de la Nación justo después de saltarse a
