Andalucía se queda sin dinero para pagar el salario social con un 24% de paro.
Según el sindicato CCOO-A, las partidas de la Junta de Andalucía para el salario social "ya están agotadas" en las ocho provincias y "apenas han atendido a unas 20.000 personas".
Exige ampliar el presupuesto para atenderFuentes de CCOO-A explicaron a Europa Press que estas partidas, cifradas en torno a 40 millones de euros, constituyen "un crédito ampliable, por el que la Junta se compromete a ampliar la partida en el caso de que haya más peticiones", por lo que el sindicato va a exigir a ésta y a otras comunidades autónomas esa ampliación del crédito.
Precisaron que "en la situación de crisis económica actual se debe ampliar la partida presupuestaria, máxime cuanto el presupuesto que se ha repartido por las ocho provincias ya está agotado y hay más personas que necesitan recurrir al salario social", actualmente gestionado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Recordemos que en Andalucía se supera el 24 por ciento de paro sobre la población activa, es decir, que uno de cada cuatro andaluces sufre el desempleo y que, al menos, 200.000 familias no tienen ningún miembro trabajando. En España, de cuatro millones de parados 2,5 millones cobraron la prestación, mientras que en Andalucía de los 944.000 desempleados, 644.000 tuvieron prestación por desempleo, según la última Encuesta de Población Activa (EPA)".
De esta forma, el sindicato precisó que en Andalucía "existen 300.000 personas que están en desempleo y no tienen protección económica". Asimismo, demandaron que planes de empleo puestos en marcha por la Junta, como el Proteja, el Memta o el Plan Estatal de Inversión Local "se puedan renovar y continuar en 2010" y pidieron que se ponga en marcha "todas las obras previstas, puesto que hay bastantes que aún no se han iniciado".
Ampliación de subsidios
Asimismo, exigieron que "cuanto antes" se negocie en Andalucía el anteproyecto de Ley de Inclusión Social, que regulará la llamada 'Renta Básica' para todas las personas. No obstante, apuntaron que "el Estado primero es el que debe garantizar la protección económica mediante las prestaciones sociales, y la comunidad autónoma es la que constituye la última red de protección para personas que agotaron dichas prestaciones, a través del salario social".
"Las comunidades autónomas deben hacer un esfuerzo en mejorar y ampliar los salarios de inserción, pero el Gobierno debe acometer el principal esfuerzo de garantizar mayor protección económica a las personas en desempleo", aseveraron las fuentes, que reclamaron "más medios y más recursos económicos" tanto en los servicios públicos de empleo como en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El sindicato demandó que en el INEM "haya el número de personas necesarias para pagar las prestaciones con eficacia y hay en las oficinas de empleo el número de personas suficientes y dotadas y que puedan gestionar las políticas de empleo con eficacia".
El presupuesto se agota
A su juicio, "las prestaciones a los desempleados no se pueden cubrir sólo con el salario social de las comunidades autónomas, aunque vamos a exigir a las comunidades autónomas que amplíen sus partidas presupuestarias para atender el salario social". "Mientras no se pueda garantizar el empleo, la plena protección social la debe garantizar el Gobierno central y se debe mantener las competencias en el ámbito estatal para garantizar la cohesión de las comunidades".
También apuntaron las dificultades por las que atraviesa el diálogo social en España así como la "quiebra" del mismo, de forma que, a su juicio, "es necesario hablar de gran acuerdo, donde se pongan los medios encima de la mesa para procurar la protección de los desempleados de todo el país y Andalucía".
Aseguraron que no tienen información sobre al nivel de ejecución del Plan Estatal de Inversión Local en Andalucía, donde el Gobierno "puso en marcha medidas sin tener en cuenta a los agentes económicos, que nos enteramos a través de los ayuntamientos".
"Es necesario recibir información sobre cómo está el estado de las obras, pero tenemos cero información debido a que el diálogo social se ha ido quebrando, algo que esperamos que se corrija", añadieron las fuentes, que valoraron la apuesta por el cambio de modelo productivo efectuada por Gobierno y Junta. Por último, en materia de Concertación Social en Andalucía, el sindicato recordó que ya hicieron los "deberes" y espera que esta semana puedan ser convocados "para que la Junta nos muestre el documento con nuestras aportaciones", con el objeto de firmar el VII Acuerdo de Concertación Social antes del verano.
Denuncia del PP
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, denunció el 7 de enero de 2009 que desde octubre de 2008 no se realizaban los pagos del programa de salario social, destinado a las familias que más lo necesitan, debido “al agotamiento de las partidas presupuestarias del pasado año, las cuales no fueron suficientes.
Sanz calificó de “increíble” que en un momento de crisis como el actual, “en el que muchas más personas necesitan esta prestación”, el presupuesto de este programa para 2009 se haya recortado en 58.000 euros –en 2008 ascendió a 38,9 millones-, al tiempo que lamentó que desde 2006 se ha producido un descenso del 15% en el número de personas que han podido acceder a esta ayuda, ya que se ha pasado de 22.000 beneficiarios en dicho ejercicio a una previsión de 18.800 en 2009. Recuérdese cómo Manuel Chaves mintió de nuevo a los andaluces sobre los recortes del gasto social en su reciente discurso navideño.
Asimismo, denunció que se está produciendo una "distorsión" del sistema, ya que no hay un seguimiento de la evolución social y laboral de los beneficiarios, por lo que ha reclamado la aprobación de la nueva Ley de Inclusión Social tras criticar el incumplimiento de las previsiones del Gobierno andaluz, que desde el año 2000 ha rechazado dos veces la propuesta del PP “con la excusa de que ellos ya tenían una iniciativa, la cual aún no ha sido aprobada”. El dirigente popular resaltó que unos 500.000 andaluces se encuentran en el umbral de la pobreza y que "el último recurso disponible" para estas familias es el Programa de Solidaridad, más conocido como Salario Social.
Se preguntó “cómo puede ser compatible que se aborde la crisis económica con la paralización del programa social destinado a las familias en situación de exclusión social". "El Gobierno andaluz no para de dar bandazos y transmite una nula credibilidad", afirmó Sanz, que aseguró que las medidas puestas en marcha por la Junta "no transmiten credibilidad a los ciudadanos ni a las empresas" y ha lamentado que los andaluces estén afrontando la crisis con "recortes sociales brutales".
La Junta lo niega
Sin embargo, la Junta lo negó todo. En declaraciones varias, la consejera de Igualdad Social , Micaela Navarro, garantizó que "no se ha producido ningún tipo de recorte", tal y corno afirma Sanz, y que «todas las personas que tengan derecho y reúnan los requisitos de renta van a cobrar esta ayuda" dirigida a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus' necesidades básicas, sobre la base de la unidad económica de convivencia independiente.
Respecto a las cifras de 2008, la titular del ramo informó de que en septiembre del pasado año resultaron beneficiaras 3.000 personas más que en 2007, extremo que "podría ser consecuencia de la actual coyuntura de crisis económica”. No obstante, apuntó que aún no tenían datos globales de la anualidad porque se estimaba un periodo de tres meses desde que se presenta la solicitud hasta que se recibe la ayuda.
Otras medidas incumplidas
Por ejemplo, el Gobiemo andaluz atendió el año 2005 17.448 solicitudes dentro del denominado Programa de Solidaridad, mediante el cual se abona el conocido como 'salario social'. Esta cifra representaba poco mas de la mitad de hogares en situación de pobreza severa que la propia Junta reconocía oficialmente y que ascendían a 29.000. Si en lugar de los datos oficiales del Gobiemo andaluz se tomara como referencia la cifra de entre 300.000 y 500.000 hogares en situación de pobreza señalados en Andalucía por diversos estudios de Caritas, Funcas, La Caixa o el propio Instituto Nacional de Estadística, la cobertura que la Junta ofrece a colectivos en riesgo o en clara situación de exclusión social era y es bastante precaria.
El Programa de Solidaridad se inició en el año 1999 con la intención de poner en marcha medidas para la erradicar la marginación y la desigualdad. Pueden acogerse al mismo las unidades familiares con ingresos que no alcancen el 62% del salario mínimo. El salario social sólo se percibe durante seis mesas al año. La cuantía que la Junta abonaba entonces a quien reconoce esta prestación oscila, para este año, entra 335 euros mensuales para la unidad familiar unipersonal (2.012 euros al semestre), y 540 euros para una familia de seis o más miembros (3.245 al semestre). Actualmente está en torno a los 400 euros.
En 2005, la Junta reconoció el salario social a 17.448 beneficiarios de un total de 21.601 solicitudes. Encabezaba la lista de provincias con más beneficiarios Sevilla, con 4.520 perceptores, seguida de Cádiz, con 3.169. Con menor número de beneficiarios se encuentran Huelva, con 687 perceptores y Almería, con 824. En el resto de provincias se registraron 1.781 beneficiarios en Jaén, 1.868 en Granada, 2.167 en Córdoba , y 2.432 en Málaga.
a los desempleados.
