LAS CIFRAS DEL PARO HABRA QUE VERLAS

Ya esta bien de embustes; esta imagen que afortunadamente ahora es real en Tesorillo, a final de Marzo dejará de ser verdad. El viento, las heladas y la lluvia persistente, no han querido dejar que la cosecha se prolongue más.

Cuando más de 200 personas hayan cumplido su trabajo en el campo ¿que van hacer ustedes con estos trabajadores? ellos lo tienen muy claro; a la Oficina del INEM.

A partir de ahí, tendrán ustedes, Ayuntamiento de Jimena, que hacer los números. Le aseguro que de no inventarse ustedes otra "maniobra" los desempleados serán otros.

Acaso, nuestros concejales tesorilleros dentro del Ayuntamiento, ¿no lo saben? que se pasen por la Cooperativa y por los otros almacenes y lo comprueben.

SR. FERNANDO GOMEZ, HAGA USTED MEJOR LAS CUENTAS

Leemos muy sorprendido como el Sr. Alcalde de Jimena de la Frontera, D. Pascual Collado, sigue en sus trece, manifestando públicamente a los medios de comunicación el número de desempleados inscritos en la oficina del INEM de Jimena.

Porcentualmente y, ahí quiero incidir con este comentario, que las cifras que el Ayuntamiento baraja están bastante bien trucadas.

Yo le suguiero al Sr. Pascual Collado, que a través de sus concejales tesorilleros ó si mejor lo prefiere por su vocal en la ELA, se informe cuantos hombres y mujeres, tendrán que acudir a la Oficina del INEM de Jimena, nos mas lejos del 31 de Marzo.

Actualmente la recogida de naranjas, algo coyuntural, ocupa a más de 200 personas que MUY PRONTO no tendrán empleo.

D. Pascual, Sr. Gomez. hagan ustedes la cuenta a partir de ahí, y repartan mejor el dinero.

Para Tesorillo, lo que le pertenece.

La sde de la Policia Municipal, haganla con su dinero cuyo bien patrimonial se queda ahí. Si no tienen dinero para pagar una renta mensual, no gasten 40 MILLONES de las antiguas pesetas en una posada vieja.

ESTO ES LO QUE SUR DE MALAGA NOS DICE

La alcaldesa de la Entidad Local Autónoma (ELA) de San Martín del Tesorillo, Belén Jarillo, denunció ayer públicamente el conflicto originado con el Ayuntamiento de Jimena debido al reparto de fondos del plan Proteja de la Junta de Andalucía, que destina al municipio un total de 496.986 euros. Según Jarillo, en una reunión mantenida con el alcalde de Jimena, Pascual Collado, se acordó que el reparto económico sería equitativo según el número de habitantes y que sería la propia ELA quien gestionaría dichos recursos, que ascendían a 136.000 euros.

Por ello, el equipo de gobierno de Tesorillo elaboró un expediente donde se indicaba las distintas actuaciones que se llevarían a cabo en la localidad. Del mismo modo inició las negociaciones con las distintas entidades bancarias para conocer los intereses que iban a producir estos recursos.
Sin embargo, a través de la propia Diputación el equipo de Gobierno de Tesorillo se informa de que únicamente puede solicitar actuaciones a cargo del Proteja por valor de 70.000 euros, ya que «el Ayuntamiento matriz nos había quitado 66.000 euros de los que nos correspondían para construir unas dependencias para la Policía Local en el pueblo de Jimena de la Frontera», lamenta Jarillo.

Este hecho ha obligado a la ELA a desestimar la ejecución de una actuación, concretamente el adecentamiento de la calle Grupo Escolar, «cuyo asfaltado y acerado es más que lamentable», explica la alcaldesa de Tesorillo.

«Insulto a los vecinos»

Para Jarillo se trata de «una humillación y un insulto a todos los vecinos» y lamenta el «ocultismo, poco talante y descaro» del alcalde de Jimena, Pascual Collado, en especial en «la recta final del expediente de segregación» de San Martín del Tesorillo.
«Estamos estudiando las medidas legales que se pueden llevar a cabo para impedir este robo, aunque lo cierto es que sería más beneficioso para todos que Pascual Collado desistiera de utilizar los fondos de Tesorillo para invertirlos en el pueblo de Jimena».

La alcaldesa no desestima hacer manifestaciones, incluso llegar a la huelga si no consigue recuperar el dinero que «moralmente nos han robado».

Además, Belén Jarillo recuerda que el Ayuntamiento de Jimena «ha vendido a la prensa que a Tesorillo le correspondía la cifra que ahora nos niegan».

«No es una solución»

Finalmente, la alcaldesa de la ELA señala que la construcción de una nueva sede de la Policía Local «no va a solucionar los problemas de inseguridad en el municipio, que ya cuenta con tres sedes». Jarillo denuncia que la Policía Local «no cuenta con medios y los vehículos y los uniformes que utiliza están en muy malas condicones». La solución para la alcaldesa pasa por «crear nuevas plazas y actualizar los medios de los agentes».

COMO SIEMPRE; JIMENA NOS LA QUIERE JUGAR

Jarillo acusa a Collado de robar las subvenciones de Tesorillo.

Dice que usarán parte del plan Proteja de la ELA para la jefatura de Policía

A. Muñoz / Jimena / Europasur

66.000 EUROS TAL COMO SUENA

El anuncio de la construcción de la nueva jefatura de la Policía Local en Jimena está levantando ampollas en San Martín del Tesorillo. La alcaldesa de la Entidad Local Autónoma, Belén Jarillo, acusó a Pascual Collado de robar parte de la subvención que les corresponde del Plan de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja) para levantar estas instalaciones junto a la lonja micológica.

Jarillo considera que, por número de habitantes, corresponden a Tesorillo 488.464 euros del Plan Estatal de Inversión Local y 136.000 del Proteja. Para ello, su equipo de gobierno planeó ejecutar una veintena de proyectos. Sin embargo, la alcaldesa asegura que se enteró por la Diputación Provincial de que el Ayuntamiento matriz decidió "robar parte de la aportación de Tesorillo" (66.000 euros) para construir la jefatura de la Policía Local, cuyo proyecto precisa una subvención de 380.000 euros.

"Me parece muy bien que se construya la jefatura, pero no con el dinero de los tesorilleros. Moralmente, esto es un robo y una humillación. Lo que debe hacer el Ayuntamiento es apoyar la independencia y darnos la segregación", declaró la alcaldesa, que apuntó a que tal expediente está en su recta final. "Que sepan los vecinos de la calle Grupo Escolar, que está en situación desastrosa, que el proyecto para arreglar la curva y el cambio de rasante queda anulado", continuó Jarillo, que también esperaba poder adjudicar las obras y obtener el ingreso de la subvención para generar intereses.

Por todo ello, la alcaldesa no descarta convocar manifestaciones, incluso llegar a la huelga si no consigue recuperar el dinero que le han "robado"."De entrada, es imposible que el Ayuntamiento de Jimena se robe a sí mismo", respondió el alcalde, Pascual Collado, quien recordó que el criterio para el reparto de fondos del programa Proteja no sólo se basa en el número de habitantes de los diferentes núcleos, sino que también tiene en cuenta el número de demandantes de empleo inscritos. "Afortunadamente, el ratio de desempleados en Tesorillo es bastante mejor que el del resto de núcleos de población del término municipal", indicó.

Collado recordó que el proyecto de construcción de una nueva sede para la Policía Local fue una de las prioridades del equipo de gobierno para su inclusión en alguno de los programas de ayudas anticrisis puestos sobre la mesa por la Administración central y la Autonómica. "Así se lo hicimos saber a los representantes de todos los núcleos, incluida a la alcaldesa de Tesorillo, cuando nos sentamos a perfilar el destino de los fondos", dijo el alcalde, que explicó que optó por incluir este proyecto dentro del Proteja porque este programa otorga más tiempo para la ejecución de las obras, algo que será necesario en el caso de la sede de la Policía Local al tratarse de un edificio de nueva construcción.

El primer edil pidió a Jarillo que deje de mentir a los vecinos porque "se verán beneficiados en la misma medida que los del resto del núcleos de la mejora de los servicios de seguridad ciudadana". Por otra parte, Collado puntualizó que los intereses que se deriven del funcionamiento de los Fondos Estatales y el Proteja, éstos se liquidarán "porcentualmente en función del ratio de habitantes de cada uno de los núcleos de población, pasando a engrosar los presupuestos de las actuaciones ya proyectadas".La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Jimena aprobó ayer 16 nuevos proyectos para su inclusión en el Programa Autonómico de Rehabilitación de Viviendas.

Todos ellos cuentan con un presupuesto global de 185.000 euros y hacen referencia a trabajos de mejora, reforma de cubiertas, baños y otros elementos. Seis de los proyectos se desarrollarán en Los Ángeles, siete en San Pablo y tres en Tesorillo.
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La Sierra se pone en pie de guerra ante la pérdida de empleos

El alcalde de Ubrique y su gobierno se encierran en la oficina del paro · En Arcos, 200 personas capitaneadas por el SOC toman dos bancos · IU reúne a 150 personas en Villamartín Elisa Armario / Sierra Actualizado 25.02.2009 - 05:01

Dos centenares de personas protagonizaron el encierro en dos bancos de Arcos organizado por el SOC.

Vecinos y responsables políticos de la Sierra de Cádiz se pusieron ayer en pie de guerra en distintas localidades contra las dentelladas que la crisis económica está dejando en la zona y que se traducen en las abultadas cifras de paro.

Arcos, Ubrique y Villamartín vivieron una movida mañana cargada de protestas, reivindicaciones y ocupaciones en entidades públicas y financieras.

En Ubrique, el alcalde Javier Cabezas (PA) y el resto de ediles del gobierno municipal ocuparon las instalaciones del Servicio Andaluz de Empleo para alertar sobre la grave crisis que atraviesa el sector de la marroquinería, que ha dejado ya en la cuneta a 1.800 parados.

Por su parte, unas 200 personas abanderadas por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con el respaldo del alcalde de Espera, Pedro Romero (IU), se encerraron en dos entidades bancarias de la calle Corredera, en Arcos, para culpabilizar al sector de los estragos de la actual situación.

Un dispositivo de seguridad formado por agentes de la Guardia Civil tuvo que personarse en la zona y al filo de las tres y media de la tarde, logró que los manifestantes desistieran de seguir en el encierro, abandonando las instalaciones.

Por último, cargos públicos provinciales y serranos de Izquierda Unida (IU) se concentraban a media mañana también en la plaza del Ayuntamiento de Villamartín para mostrar su repulsa por la inactividad y pérdida de empleos.

Acudieron unas 150 personas. El alcalde de Ubrique, Javier Cabezas (PA), con su equipo de gobierno a la espalda, protagonizó durante toda la mañana una ocupación de las oficinas locales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para pedir medidas urgentes que frenen las sangrantes cifras de parados del sector de la marroquinería en la localidad.El regidor andalucista, acompañado de la plana de concejales del gobierno formado por el PA y el PP, alertó del duro revés que padece la industria local de la piel, que ha dejado ya alrededor de 1.800 desempleados en el pueblo de Ubrique, según concretó.

Cabe destacar que la popular manufactura de la industria de la piel ubriqueña es la que tiene tradicionalmente mayor peso específico en el sector andaluz. "No ha habido una época peor que ésta en la historia de la marroquinería", advirtió el primer edil, quien justificó esta protesta ante la "falta de respuesta" de la Delegación de Empleo de la Junta a la petición de un encuentro para tratar este "grave" panorama laboral que atraviesan, apuntó, decenas de familias del pueblo.

La Delegación Provincial de Empleo emplazó al filo de las dos de la tarde al alcalde a un encuentro la próxima semana. Javier Cabezas pidió públicamente al delegado provincial de Empleo, Juan Bouza, la convocatoria de la Mesa tripartita de la marroquinería, que no se reúne desde hace dos años y en la que están representados empresarios, administración y sindicatos.

El alcalde se interrogó sobre el diseño de algunas políticas de empleo para enfrentar los efectos de la actual crisis. Dijo que la mayoría de los programas que se están planteando desde las administraciones superiores están vinculados al sector de la construcción que, en el caso de Ubrique, supone sólo el 10 por ciento de los desempleados. "Son bien recibidas todas las ayudas. Pero el otro 48 % de parados de la piel en Ubrique está esperando una respuesta", apostilló.

Hizo un paralelismo entre los 1.600 despidos de Delphi, de los que recordó que procedían de distintos puntos de la Bahía gaditana, que en conjunto suman una población de más de medio millón de personas. "Entonces se tomaron medidas excepcionales. Ahora hay 1.800 parados, en un pueblo, vinculados a un único sector industrial y sin medidas específicas para resolver el problema".Javier Cabezas reconoció las líneas de ayudas que están abiertas para favorecer la actividad de las empresas. "Es una solución. Pero hay mucha gente que está pasando directamente hambre", añadió. El máximo representante de la institución aseguró no poder dar datos concretos porque se "está perdiendo trabajo en las empresas reguladas y en las que están en la economía sumergida".

En Arcos, alrededor de 200 personas tomaron por la mañana las dependencias de dos entidades bancarias, lo que afectó al normal desarrollo de la actividad. Esta protesta estuvo capitaneada por los sindicatos SOC y SAT y encabezada por el alcalde de Espera, Pedro Romero (IU) y el líder sindical Diego Cañamero, entre otros.

Los manifestantes ocuparon las sucursales del Banco de Santander y Cajasur para señalar al sector financiero como el máximo culpables de la parálisis de actividad económica."Contra el paro, lucha obrera" fue uno de los gritos que se escucharon en esta protesta, en la que intervino la Guardia Civil para convencer a los encerrados a que accedieran a finalizar el encierro. Y en Villamartín se concentraron cargos políticos de IU en la plaza del Ayuntamiento.

Unas 150 personas se movilizaron para reivindicar políticas sociales a favor de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas de la comarca. El alcalde de Ubrique y su gobierno se encierran en la oficina del paro ·

En Arcos, 200 personas capitaneadas por el SOC toman dos bancos · IU reúne a 150 personas en Villamartín Elisa Armario / Sierra Actualizado 25.02.2009 - 05:01 Europasur

Dos centenares de personas protagonizaron el encierro en dos bancos de Arcos organizado por el SOC.

A San Martín del Tesorillo, acude la Delegada de Asuntos Sociales para decir que el Gobierno del Sr. Zapatero lo está haciendo muy bien. Que el presidente de la Junta de Andalucía Sr. Chaves, también sabe hacerlo. Que los Bancos están reduciendo los intereses y que tienden la mano a los clientes.

A todo esto, que tienen que decir, UGT y CCOO. En la Sierra de Cádiz ya lo vemos; CALLADA por respuesta. Nunca más que ahora la complicidad de estos dos sindicatos está mas demostrada.

Cuando Garzón se inhiba...

Han pasado ya más de diez días desde que el juez Baltasar Garzón adelantara que había "indicios" de que hubiese "aforados" en la operación Cacería. De momento, el juez sigue sin inhibirse a pesar de que ya no es competencia suya instruir la causa.

Esta previsto que este martes, el PP presente una querella contra el magistrado por supuesta prevarcación tras saber que el ya ex-ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, también, junto a la fiscal que lleva el caso Gürtel y el juez pasaron juntos un fin de semana cinegético.

CAZADOR CAZADO POR FEDERICO TRILLO, SIN RIFLE NI ESCOPETA

El PP presenta la querella contra Garzón.

El PP ha presentado esta mañana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal por prevariación contra el juez Baltasar Garzón. Los populares denuncia que el juez aún no se haya inhibido.

El PP ha presentado esta mañana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal por prevariación contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la que denunciará la "decisión consciente de suplantar la ley" por parte del magistrado y el hecho de que éste no se haya inhibido en el plazo de tres días establecido por ley, según informaron en fuentes populares. La querella fue presentada por el abogado del PP, sin que estuviera acompañado por ningún dirigente popular.
En su escrito, de 16 folios, la dirección del PP recuerda además que Garzón participó en un cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y que impidió a los populares presentarse como acusación particular.Los populares alegan que el magistrado habría cometido un delito de prevaricación al haber realizado actuaciones judiciales "con plena consciencia de que carecía de competencia para instruir y, en consecuencia, para mantener el conocimiento de dicho asunto". "Sólo con una decisión consciente de suplantar la ley por la propia voluntad se puede justificar un mantenimiento de una competencia indebida", señala la dirección del partido.