EL RIO GUADIARO A SU PASO POR PACHECO

EL RIO GUADIARO A SU PASO POR PACHECO
FOTO DEL DÍA 17 SEPTIEMBRE 2.011

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domingo, 16 de noviembre de 2008

DON MANUEL CHAVES; PROMESAS INCUMPLIDAS

QUERÍA ATRAER A LOS JÓVENES DE CARA A LAS AUTONÓMICAS

Otra promesa incumplida de Chaves: Internet gratis de un mega para todos los andaluces
Una de las promesas destinadas a elevar el voto juvenil para el PSOE, y de los padres que pagan Internet, fue la de Internet gratis para todos los andaluces sin limitaciones de renta. Sin embargo, ahora la Junta ha alegado falta de presupuesto, pues sólo ha destinado 9 millones, cuando su promesa tendría un coste de entre 60 y 70 millones.
LD (Pedro de Tena) Ciertamente, al ser de un mega la velocidad prometida carecía de interés en un momento en que Telefónica ofertaba 3 megas gratis y actualmente ya sirve gratuitamente seis megas. Javier Arenas dijo entonces que esta promesa era una broma. Pues en efecto, lleva camino de serlo porque el consejero de Innovación de la Junta, Francisco Vallejo, afirmó en la campaña electoral que la medida tendría un coste de entre 60 y 70 millones de euros anuales y en los presupuestos para 2009, Manuel Chave sólo ha destinado 9 millones a su promesa. Es decir, además de casi inútil dadas las ofertas de las compañías privadas, será imposible cumplirla por falta de presupuesto. Otra promesa más de Chaves, a la papelera.
Anoten cómo comenzaba El País su reportaje panegírico hacia la medida del presidente de la Junta en plena campaña electoral: "Chaves anuncia Internet gratis", informó ayer una madre a su hijo tras oír en un boletín de radio la noticia. Y la respuesta fue inmediata: "¿Cuándo?". Será a partir de 2009. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato socialista a la reelección aprovechó este jueves un acto de las Juventudes Socialistas en Sevilla para hacer otro guiño -y ya van unos cuantos- a los jóvenes con vistas a las elecciones del 9 de marzo, en las que se incorporarán a votar 1.700.000 personas que en 2004 no habían cumplido los 18 años. Pero no sólo es una promesa para un sector de la población, sino para todos los andaluces."
Ahora lean lo que dijo Arenas: "Suena a broma, por no decir directamente que es una tomadura de pelo a todos los ciudadanos andaluces"."Ya sólo falta que ofrezca un coche gratis a todo el que le vote, para concluir así su campaña del gratis total", sentenció.
¿Qué ha ocurrido? Pues que en los presupuestos para 2009, Manuel Chaves ha decidido destinar sólo 9 millones de euros al cumplimiento de su promesa de Internet Gratis de un mega para todos, menos del 15 por ciento de lo que su consejero Vallejo afirmaba que costaría mantener esta promesa durante un año. También lo recogió El País: " La propuesta electoral de Chaves, si vuelve a ganar las elecciones, es facilitar "de manera gratuita" el servicio básico de Internet a todos los andaluces con un Megabit, una velocidad para navegar "con rapidez"(Telefónica oferta ya seis megas y las operadoras privadas estudian superar los 100 megas pronto) desde casa.
La Junta de Andalucía ya ha mantenido contactos a modo de tanteo con varias empresas para ofrecer este servicio. También tiene una estimación económica de lo que le costará al año, entre 60 y 70 millones de euros, afirmó el consejero de Innovación, Francisco Vallejo. Es una cifra razonable para un presupuesto autonómico que en 2008 asciende a 31.961 millones de euros."
Pues si para cumplir la promesa hacían falta al año entre 60 y 70 millones de euros y sólo se destinan 9, la conclusión es clara: Tenemos ya otra promesa incumplida de Chaves a los pocos meses de formar su nuevo gobierno. Será imposible cumplirla con ese dinero.
Otras promesas incumplidas
La Junta se marcó un plazo de cuatro años para que "cada colegio tuviese un ordenador por cada dos alumnos, convirtiéndose así en centros TIC", la mitad de los centros educativos "serían bilingües, se crearían nuevas plazas de guardería, y se acometerían reformas en casi todos los colegios". Hasta hoy.
- Vacaciones gratis para las amas de casa. Hasta hoy.
- Habitaciones individuales en los hospitales públicos andaluces. Hasta hoy.
- Dedicar el 6% del presupuesto a la Educación. Para 2.009 no llegará ni al 4 por ciento.
- Una casa a todos los andaluces que ganen menos de 3.100 euros
- Paga para las amas de casa
- Bilingüismo en las empresas públicas.
- AVE a toda Andalucía, cuando lo que llegará a algunas de ellas son Trenes de Altas Prestaciones, no AVES.
- Ascensores gratis para los edificios con más de 3 pisos
- Pleno empleo, desde 1987 a 2008, varias veces con horizontes diferentes: 2013, 2015,etc.La lista es más larga, pero valga este botón de muestra.

POR UNA "MILLONESIMA PARTE" SE IMPUTA EN TESORILLO


El PSOE de Andalucía se quedaba con los intereses de las cuentas de una empresa pública
Los tiempos adelantan que es una barbaridad. Esta semana hemos sabido que 5.000 millones de euros son sometidos por Manuel Chaves y la Junta de Andalucía a subasta especulativa para colocarlos en el mercado y obtener por ellos altos intereses.
Golpe de autoridad: el Gobierno expropia a Rumasa
Para saber aún más de las corrupciones durante los años de la democracia, al estilo Hugo Chavez, por ejemplo, nada más refrescar la memoria historíca de lo acontecido en 1.983

Esta fechoría del Partido Socialista Obrero Español, ocurría en los primeros años de la DEMOCRACIA, fue los primeros años del gobierno de D. Felipe Gonzalez Márquez, el mismísimo que en 1.983 expropiaba el patrimonio de RUMASA para que seguidamente mal venderlo a sus "amigos venezolanos" y otros muchos corruptos al estilo de los que ahora se denominan "caso Malaya" etc. etc.

CHICLANA: 40.000 VIVIENDAS ILEGALES

L D (Pedro de Tena) Al parecer, no hay nada más productivo, políticamente, que acompañar a Manuel Chaves en una aventura de esta índole. Tómese nota del peso de Chiclana en esta relación.
Manuel Chaves González: Presidente de la Junta de Andalucía desde 1990. Póliza de préstamo nº 5211-082-000225-0. Expediente nº 62065. Aparecía como profesor de E.G.B y su firma no coincidía con la estampada en otra póliza de préstamo anterior. Cuando se produjeron las operaciones irregulares, era miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Durante el periodo legal del vencimiento de la póliza, era ministro de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de Felipe González.
Esteban Caamaño Bernal: Fue diputado nacional del PSOE durante la legislatura 1979-1982. Ha sido diputado, senador y eurodiputado en sucesivas legislaturas. Póliza de préstamo nº 5211-082-000222-1. Expediente nº 62062.
José Cabral Fernández: Fue delegado provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta. Póliza de préstamo nº 5211-082-000223-4. Expediente nº 62063
Eduardo García Espinosa: Ha sido diputado socialista en el Congreso en todas las legislaturas, además de vicesecretario del PSOE de Cádiz. Póliza nº 5211-082-000226-3. Expediente nº 62066.
Luis Manuel García Garrido: Ha sido viceconsejero de Cultura y director general de Juventud y Deportes de la Junta de Andalucía. Póliza nº 5211-082-000228-9. Expediente nº 62068
Ramón Vargas-Machuca Ortega: Militante histórico del PSOE de Cádiz. Ha ocupado diversos cargos internos y ha sido diputado en el Congreso y vicepresidente primero de la Cámara. Póliza nº 5211-082-000233-1. Expediente nº 62073
Rafael Román Guerrero: Fue senador y presidente del PSOE de Cádiz. Su hermano José María ha sido alcalde de Chiclana hasta 2007 y él mismo, "franquito" por su parecido por el dictador, fue consejero de Cultura de la Junta de Andalucía en las primeras legislaturas. Póliza nº 5211-082-000241-2. Expediente nº 62081.
Alfonso Perales Pizarro: Ya fallecido, fue uno de los hombres fuertes del PSOE gaditano, integrante del famoso clan de Alcalá. Entonces borbollista, sostén político de Chaves en Cádiz, fue secretario general del PSOE de Cádiz y diputado. Fue presidente de la Diputación de Cádiz y consejero de gobernación de la Junta de Andalucía. Llegó a ser una pieza clave del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero. Póliza nº 5211-082-000246-7. Expediente nº 62086.
Fermín del Moral Cabeza: Fue la mano derecha de Jaime Montaner en la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, que de la que luego fue vicepresidente, y fue nominado candidato a la alcaldía de Cádiz. Póliza nº 5211.082-000247-0. Expediente nº 62087.
José Luis Blanco Romero: Fue viceconsejero de la Consejería andaluza de Medio Ambiente. Luego fue Consejero. En 1985 era secretario general del PSOE de Cádiz y el encargado de gestionar los préstamos con entidades financieras controladas por el PSOE. Emparentado con quien ha sido has hace poco Secretario del Ayuntamiento de Chiclana, José María Prieto Morales. Póliza nº 5211-082-000256-4. Expediente nº 62620.
Rafael Palomino Kaiser: Fue vicepresidente socialista del Parlamento andaluz en las primeras legislaturas y presidente de la mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar. Póliza nº 5211-082-000254-8. Expediente nº 62618.
Ramón Santos Jurado: Fue diputado nacional y candidato por el PSOE a la alcaldía de Los Barrios. Póliza nº 5211-082-000239-9. Expediente nº 62079.
Alfonso Sevillano García: Fue director general de Juventud y Deportes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, puesto del que fue recientemente defenestrado. Póliza nº 5211-082-000238-6. Expediente nº 62078.
Jesús Ruiz Fernández: Ha sido alcalde de Arcos y fue presidente de la Diputación de Cádiz. Póliza nº 5211-082-000240-9. Expediente nº 62080.
Fernando Suárez Rodríguez: Ha sido vicepresidente de la Diputación de Cádiz. Póliza nº 5211-082-000236-0. Expediente nº 62076.
Francisco Arias Solís: Miembro relevante de UGT hasta la crisis con el PSOE. Fue su secretario general en Cádiz y después, senador del PSOE. Póliza nº 5211-082-000255-1. Expediente nº 62619.
Francisco Perea Torres: Ha sido en dos ocasiones diputado del PSOE. Póliza nº 5211-082-00245-4. Expediente nº 62085.
Alfonso López Almagro: Ha sido hasta 1994 delegado de Obras Públicas de la Consejería del mismo ramo de la Junta de Andalucía. Hasta 2007, fue Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana. Póliza nº 5211-082-000252-2. Expediente nº 62616.
José María Diez Mígueles: Ha sido delegado de Educación en Cádiz de la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía. Póliza nº 5211-082-000257-7. Expediente nº 62621.
Francisco Tamayo Bernal: Alcalde socialista de Barbate y diputado provincial. Póliza nº 5211-082-000235-7. Expediente nº 62075.
Serafín Núñez Sánchez: Ex alcalde de Barbate. Fue quien denunció la intermediación de Juan Guerra en un proyecto urbanístico que dio origen al caso Guerra. Póliza nº 5211-082-000253-5. Expediente nº 62617.
Pedro A. Quiñones Grimaldi: Teniente alcalde de Chiclana de la Frontera y diputado provincial. Ha sido Presidente del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Cádiz. Póliza nº 5211-082-000243-8. Expediente nº 62083.
José Antonio Real Lendínez: Diputado provincial del PSOE. Póliza nº 5211-082000242-5. Expediente nº 62082.
Fernando Tejedor Martín: Fue alcalde socialista de Rota. Póliza nº 5211-082000234-4. Expediente nº 62074.
Agustín F. Cadenas Beltrán: Fue diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Póliza nº 5211-082-000224-7. Expediente nº 62064.
Juan Manuel García Candón: Diputado provincial. Póliza nº 5211-082-000227-6. Expediente nº 62067.
José Luis Sordo Díaz: Diputado provincial. Póliza nº 5211-082-000237-3. Expediente nº 62077
Manuel Garrido García: Fue alcalde socialista del municipio gaditano de Algar. Póliza nº 5211-082-000229-2. Expediente nº 62069.
José María Guerrero Foncubierta: Representante de UGT en el Centro de Menores La Marchenilla. Póliza nº 5211-082-000230-2. Expediente nº 62070.
José Enrique Lázaro Delgado: Ya fallecido, fue vicepresidente 1º y Delegado Provincial de la Federación de Pesca Deportiva por la provincia de Cádiz. Póliza nº 5211-082-000231-5. Expediente nº 62071.
Antonio Martel González: Director del Centro Reina Sofía de Ubrique, Cádiz. Póliza nº 5211-082-000232-8. Expediente nº 62072.
Antonio Pérez Vidal: Alcaldía de Villamartín 1979-83. Póliza nº 5211-082-000244-1. Expediente nº 62084.

UNA DE LAS TANTAS ABERRACIONES SOCIALISTA

Los 32 beneficiados del préstamo de la Caja de Ahorros San Fernando-Jerez
Muchos de los 32 miembros del PSOE de Cádiz, beneficiarios de los préstamos irregularmente cancelados por la Caja de Ahorros de Jerez en 1985, 1986 y 1987, ocuparon u ocupan actualmente puestos relevantes, tanto en el PSOE como en entidades provinciales, autonómicas y estatales.
L D (Pedro de Tena) No le importa, claro, que la Junta deba a sus proveedores más de 4.000 millones de euros. Ellos, a especular, que es lo propio de un Gobierno serio y honesto al servicio público y, aún más, es lo más propio de un Gobierno que se dice "social" y socialista.Está claro que se ha aprendido mucho desde los viejos tiempos del préstamo impagado de la Caja de Ahorros de Jerez, del que hemos dado cuenta en las dos últimas entregas. Pero no queremos saltar por encima de un curioso método creativo de financiación del PSOE que se inventó en Cádiz hace ya algunos años. La cosa fue como sigue y muestra cómo es de espesa y de densa la "tela de araña" andaluza.Ocurrió en julio de 1986. La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia. Es decir, los intereses generados por el depósito de dinero de la Junta, o sea, dinero de todos los andaluces, terminó en las arcas privadas del PSOE. En aquel momento el máximo responsable de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía era el consejero de Obras Públicas y Urbanismo, Jaime Montaner, viejo conocido de sucesivos casos de irregularidades desde los tiempos de Jesús Gil. Según la documentación disponible, fue Fermín del Moral, ex viceconsejero de Obras Públicas, luego candidato a la alcaldía de Cádiz y actualmente consejero delegado de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) quien recomendó la apertura de estas cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, en su sucursal de La Línea de la Concepción. El 7 de junio de 1984, Fermín del Moral propuso a la asamblea general extraordinaria de la Junta de Compensación del Polígono del Rosario Sector IV, en la que participaba como representante, «la necesidad de diversificar el trabajo financiero de la Junta de Compensación con más de una entidad bancaria y a tal efecto propone la apertura de cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, lo que es aceptado por unanimidad», según se recoge en el acta de la reunión.EPSA, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, permitió entonces que el importe de la liquidación de intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial de Algeciras, fuese ingresado en una cuenta del PSOE. EPSA controlaba el 36,3% de la propiedad del polígono. Entonces, Fermín del Moral era representante de EPSA en Cádiz y delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas.Otro crimen sin castigoEstas cuentas de EPSA, todas ellas abiertas en la Caja de Jerez, fueron las siguientes: 3011-024-001721-4; 3011-024-001746-3; 3011-074-000021-3; 3011-024-001747-6; 3011-074-000025-5; 3011-074-000035-2 y 3300-074-000320-6. Con fecha 11 de julio de 1986, la Auditoría Interna de la Caja de Ahorros de Jerez, reflejó en un listado la liquidación de los intereses de las cuentas de la Junta de Compensación del Polígono El Rosario sector IV. En su resumen, se explicaba la diferencia de intereses y el líquido a abonar a la Junta de Compensación. Sin embargo, la forma de contabilización de 1.101.281 pesetas, procedente de la mencionada liquidación, no fue ingresada en las cuentas de la Junta de Compensación sino abonada en una cuenta nueva, transitoria, con el número 8510-587-000021-9, con el nombre de Intereses Líquidos Cuentas Junta Compensación Polígono El Rosario, sector IV. Por el importe de la cantidad ya citada de 1.101.281 pesetas fue aperturado un cheque propio de la Caja de Jerez, con fecha 22 de julio de 1986, cancelándose por ese procedimiento la cuenta 8510-587-000021-9, como se indica en el propio cheque. En dicho cheque, aperturado para la operación, aparece consignado que el pago se efectúa con «conocimiento y aprobación del Departamento de Auditoría y la Dirección de Zona. Entregado en mano a Don Manuel Cuenca». Manuel Cuenca era un hombre próximo al PSOE dentro de la Caja de Ahorros, en la que trabajaba como comercial. Este cheque propio de la Caja, con número 3811-024-0001435-2, fue cancelado con fecha 24 de julio de 1986. En el diario de operaciones de ese día, aparece claramente reflejada la operación de cargo de 1.101.281 pesetas. Curiosamente, el mismo día en la cuenta 5411-082-700002-4, cuya titularidad corresponde al PSOE, Agrupación Caja de Ahorros, entonces situada en la Urbana de la calle Lacave de Cádiz y ahora en la calle San José 30 de La Línea, aparecen cuatro ingresos por diferentes importes cuya suma total es 1.101.281 pesetas. Estos ingresos, reflejados nuevamente en el «Avance de Operaciones» de dicha cuenta del PSOE desde el 01-01-85 hasta marzo de 1994, eran de 150.000, 150.081, 300.200 y 501.000 pesetas, que suman exactamente 1.101.281 pesetas, cifra correspondiente a los intereses liquidados a la Junta de Compensación del Polígono El Rosario de Algeciras. O sea, que la Caja de Ahorros de Jerez, la misma que condonó casi 20 millones de pesetas a 32 dirigentes del PSOE, entre los que figuraba el propio presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, avaló el trasvase de dinero de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) a una cuenta del PSOE. La operación irregular permitida por esta Caja se hizo un año después de que los 32 dirigentes del PSOE recibieran los casi 20 millones y de que el PSOE de Cádiz percibiera 20 millones para la compra de su sede. Curiosamente, Fermín del Moral, responsable de esta "ingeniería", figura entre los 32 dirigentes socialistas beneficiados por la condonación de créditos. La póliza de Del Moral era la 5211.082.000247.0. ¿Cuántas veces se hizo esto en otros años? ¿Desde cuantas cuentas? ¿Fue una ocurrencia de una persona o era un sistema de financiación irregular del partido? ¿Se ha seguido haciendo en otras empresas públicas y en otras Consejerías? ¿Cómo se contabilizaba el dinero en el PSOE cuando entraba irregularmente? Hay tantas preguntas...La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz a finales de 1995 a instancias del PP, del PA y de IU trataba de averiguar tres asuntos: a) los 32 créditos condonados, b)los pormenores de la fusión entre la Caja de Ahorros de Jerez y la Caja San Fernando, y c) el trasvase de dinero de EPSA al PSOE. La convocatoria de elecciones anticipadas dio al traste con los trabajos de esta comisión, en la que llegó a comparecer el propio presidente de la Junta, Manuel Chaves. Tras las elecciones de 1996, nunca más se supo de la Comisión de Investigación, pero los hechos quedan para vergüenza de sus protagonistas y para la verdadera historia de Andalucía.

sábado, 15 de noviembre de 2008

EL PRECINTADO DE LA OBRA DE SALIZA


Un juzgado declara nula la decisión de paralizar las obras de Tesorillo
La sentencia del Contencioso-Administrativo da la razón a Promociones Saliza al entender que se vulnera la Constitución. El Ayuntamiento presentará un recurso.
....................
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras ha declarado nula la decisión adoptada en el pleno del Ayuntamiento de suspender la eficacia del decreto que concedió licencia de obras a la mercantil Promociones Saliza S.L., al entender que se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución española. El Partido Andalucista informó ayer que del fallo del tribunal se desprende que esas licencias que se concedieron el 12 de febrero de 2004 son válidas y fueron anuladas de manera irregular, iniciando y cerrando unos expedientes en el mismo pleno, el 20 de septiembre de 2007. Los andalucistas dijeron que el Consistorio debería haber acudido al contencioso-Administrativo para declarar nulas dichas licencias que contaban con informes negativos. No obstante, se precintaron siete promociones en Tesorillo. El PA destacó que se realizó una semana antes de las elecciones como un acto electoralista, creando un gran escándalo y dejando a decenas de personas sin casas. Los andalucistas consideraron que la sentencia es muy grave puesto que tanto esta constructora como las otras que esperan sentencia, pueden reclamar indemnizaciones millonarias al estar las obras paralizadas más de un año. Los ediles dijeron que todo el protocolo se realizó de forma incorrecta y se advirtió en pleno y así consta en el acta, que se podía incurrir en un fraude de ley. Por ello, en el próximo pleno, el PA solicitará que se acate la sentencia y se llegue a un acuerdo con las constructoras. Con respecto a las indemnizaciones, añadió el PA que se vaya contra el patrimonio de los 7 ediles del PSOE que decidieron votar a favor de parar las obras. "Lo verdaderamente desilusionante es que hay que tener dinero para que se haga justicia", señaló el secretario local del PA, José Antonio Castilla.
Por su parte, el alcalde, Pascual Collado (PSOE), señaló que el Ayuntamiento presentará un recurso. No obstante, dijo que se trata de una sentencia contra la forma no el fondo. El edil destacó que el aspecto formal de la anulación de las licencias no se hizo bien pero sí se actuó correctamente porque las licencias tenían informes negativos y se actuó junto a la Inspección Urbanística.
NOTICIA EUROPA SUR

martes, 11 de noviembre de 2008

TRAS NEGAR SU PARTICIPACIÓN EN LA MATANZA DE PARACUELLO

Carrillo tilda a Moa y Vidal de "derecha radical" y "falsificadores de la Historia"
Santiago Carrillo ha arremetido en una entrevista en Público contra Jiménez Losantos, Pio Moa o César Vidal. Carrillo negó recientemente su participación en la mantanza de Paracuellos, a lo que el director de La Linterna de la COPE respondió que existen documentos históricos que prueban su implicación.

BARBARIE SOCIALISTA EN CHICLANA (CADIZ)

ESCÁNDALO URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA

Caso Chiclana: 40.000 viviendas ilegales no motivan la acción de la Justicia
En la localidad gaditana de Chiclana se han construido cerca de 40.000 viviendas ilegales y se acumulan delitos urbanísticos, más de 1.700 expedientes, y contra el medioambiente. Sin embargo la justicia hace oídos sordos.


LD (Pedro Tena) El gobierno municipal de Chiclana, formado por PP, IU y PA encuentra inexplicable por qué no se ha impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción, desde la propia Fiscalía de Cádiz o desde los juzgados de Chiclana, la instrucción de un Caso Chiclana similar a los casos de Marbella y Estepona, a pesar de que la envergadura cuantitativa y cualitativa de las irregularidades (nada menos que de 35 a 40.000 viviendas y construcciones ilegales), es igual o superior a los ejemplos mencionados.
La decisión de investigaciones sistemáticas y agrupadas en Marbella y Estepona destaparon y siguen destapando amplias y complejas redes de corrupción político - empresariales - urbanísticas con las consecuencias penales de todos conocidas. En el caso de Chiclana, aunque en la Ley de Procedimiento Criminal se contempla la posibilidad de que tanto jueces como fiscales puedan encabezar la instrucción de casos que por sus indicios, denuncias o informes policiales merezcan tratamientos singulares, no se ha hecho para sorpresa de una corporación municipal que ha denunciado ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Guardia algunos hechos clamorosos. Una gestión del PSOE
Hay que tener en cuenta que en el caso Chiclana toda la gestión urbanística en su conjunto, la que afecta al Ayuntamiento y la correspondiente a la Junta de Andalucía, corresponde única y exclusivamente el Partido Socialista desde el comienzo de la avalancha de irregularidades en 1983 y hasta el año 2007, año en que la coalición de PP, IU, PA y PSA, el partido de Pedro Pacheco, logró la victoria electoral. Fue entonces cuando se comenzó a denunciar activamente el caso Chiclana.
En el caso Marbella, la operación abierta por el Juez Torres fue dirigida preferentemente hacia Jesús Gil y el partido de GIL. Aunque era sabido que el PSOE había gobernado desde 1979 a 1991 y que los ya entonces numerosos casos de corrupción fueron denunciados incluso por los propios alcaldes socialistas – alguno de aquellos implicó directamente a Jaime Montaner y a José Miguel Salinas, consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía respectivamente aunque fue archivado por prescripción -, el GIL y los Gil así como sus sucesores fueron los principales destinatarios de la investigación.
En el caso Estepona, igualmente, se han superpuesto las gestiones políticas de PSOE y de GIL desde 1983 a 2007 si bien está quedando claro cuál ha sido el comportamiento ilegal y corrupto de su último alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que abarca desde irregularidades urbanísticas a compra de votos con empleos municipales. Operación política
En Chiclana, las irregularidades y presuntos delitos son ampliamente conocidas por la población. Aunque el PP de Chiclana y una parte de IU llevan años denunciando públicamente estas irregularidades y a pesar de que los concejales del PP han presentado denuncias y querellas desde el 22 de julio pasado en la Fiscalía y en el Juzgado de Guardia, sigue sin abrirse una operación especial judicial-policial del caso Chiclana. Sin embargo y no extrañamente, lo que sí se ha puesto en marcha es una operación, en este caso política, para echar del gobierno de Chiclana a quienes quieren que se investigue a fondo y hasta el final el caso Chiclana.
La operación consiste en una moción de censura impulsada por el PSOE tras haber conseguido el apoyo de Pedro Pacheco. De salir adelante dicha moción de censura anunciada por el PSOE para esta misma semana, los que quieren tapar el caso echarán a los que quieren que todo salga a la luz. De ese modo, los responsables políticos de, cuando menos, la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística que ha tenido como resultado la existencia de miles de irregularidades urbanísticas cometidas durante los 24 años de gobiernos socialistas, de 1983 a 2007, desplazarán del gobierno municipal a quienes las han denunciado.
De consumarse esta “operación Chiclana”, el actual equipo de gobierno considera que nunca más volverá a investigarse lo ocurrido en Chiclana durante un cuarto de siglo de irregularidades y corrupción urbanística.
El caso Chiclana
El periodista Pepe Contreras resumía hace casi dos años en El Mundo en qué consiste el caso Chiclana: “Veinticinco mil fosas sépticas, cientos de inmobiliarias, más de treinta y cinco mil viviendas sin licencia municipal, uno de los principales destinos turísticos de los turoperadores mundiales (con diez mil plazas hoteleras), patria de uno de los clanes más poderosos del PSOE andaluz, sede del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), valiosos pinares amenazados por la especulación, playas espectaculares, doce núcleos de población definidos, casi dos mil extranjeros censados, setenta y tres mil ciudadanos, trabajo para quien lo quiera y a destajo en el sector de la construcción (aunque hay 4.624 parados oficiales) y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado desde octubre de 2006 por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).”
25.000 fosas sépticas – lo que puede extrañar a muchos -, son el resultado de otras tantas construcciones irregulares de viviendas y chalés ya que, al no estar consideradas propias del Ayuntamiento ni asunto de su responsabilidad, carecen de los sistemas urbanos habituales de saneamiento y conducción de aguas residuales. Consecuentemente, la evacuación de las aguas fecales se realiza en fosas sépticas, “pozos ciegos” para los andaluces, en su mayoría de carácter individual.
Se está dando el caso de serios problemas de contaminación e incluso de graves riesgos para la salud debido a que los pozos ciegos o fosas sépticas están conectando con los pozos de aguas subterráneas. Tal contacto puede generar un problema sanitario de gran importancia de consumarse una conexión generalizada de los pozos tóxicos con los otros y la contaminación del agua potable.
Alcaldes socialistasTodas estas irregularidades han ido creciendo desde 1983 a 2007, período gobernado por los siguientes alcaldes socialistas:
a) Sebastián Saucedo Moreno, 1983-1986, que ha sido después y curiosamente Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y es en la actualidad subdelegado del gobierno de España en Cádiz.
b) José Joaquín de Mier Guerra, 1986- 1994, fue además presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desde 1994 fue delegado de la consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y ahora es el delegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
c) Manuel Jiménez Barrios, 1994-2003, de mote “chiqui”, actual secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, fue con anterioridad presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También ha sido consejero de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y de Estadio Olímpico de Sevilla, SA donde coincide nuevamente con Leonardo Chaves, hermano de Manuel Chaves.
d) José María Román Guerrero, 2003-2007, aunque fue teniente de alcalde desde mucho antes. Es hermano de Rafael Román, alias “Franquito” por su parecido con Francisco Franco. Rafael Román es un poder fáctico del PSOE de Cádiz y fue Consejero de Cultura en los primeros tiempos de la Junta de Andalucía.
Aunque la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decidía abrir varias líneas de investigación a promotoras y constructores para esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en toda la Costa de la Luz como consecuencia de las informaciones de El Economista, el “caso Chiclana” sigue sin investigarse global e interrelacionadamente.
Según el mencionado diario, el mismo fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, presentó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un informe demoledor en 2006 que ponía el acento en problemas de gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico". En la memoria de 2007, abogó directamente por la demolición de las construcciones ilegales:
"Mantenemos que, hasta cierto punto, el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", dice textualmente en la Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?".
Cádiz se convirtió en 2005 en la provincia andaluza donde más diligencias se abrieron por este tipo de delitos: 102; una cifra que supuso un fuerte incremento frente a la registrada en 2004 (73 en total). En 2006 fueron incoadas y tramitadas 101 diligencias informativas. En 2007, 385. De ellas, 211 en la Fiscalía de Cádiz y 174 en la Fiscalía de área de Algeciras. A pesar de la repercusión mediática que han tenido las irregularidades urbanísticas en otras zonas del litoral, como la costa de Málaga, y sobre todo, Marbella, en esta última provincia sólo se investigaron 59 casos durante el año pasado, según el informe del fiscal.
La Fiscalía advirtió ya entonces que la proliferación de casas ilegales, un fenómeno que sigue en plena expansión, se debía a la impunidad que reina en la costa gaditana, propiciada por sentencias laxas contra los propietarios de las mismas, la falta de recursos en los juzgados y la "absoluta renuncia" que hace la Audiencia Provincial "a decretar la demolición de lo construido ilícitamente".
1.700 expedientes dejados prescribir por el equipo de gobierno del PSOE
El PP andaluz ratificó el pasado día 7, ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, sus denuncias sobre el presunto archivo masivo de 1.717 expedientes urbanísticos, tras lo que, se espera se impulse definitivamente una investigación por parte de la Fiscalía semejante a las del caso Marbella y Estepona. Este archivo masivo es un procedimiento similar al que se ha dado en Estepona y que originó la “Operación Astapa” contra la corrupción urbanística en este municipio malagueño.
El archivo masivo de expedientes ha producido un perjuicio mínimo de 100 millones de euros para las arcas municipales chiclaneras por esta dejación de funciones, según los cálculos del PP.
El Defensor del Pueblo Andaluz contra el fraude fiscal en Chiclana y por los cortes de luz
Incluso el Defensor del Pueblo de Andalucía, José Chamizo, pidió hace un año también la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizan hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares.
Además, ha reclamado al Ayuntamiento de la localidad gaditana que corte los servicios a las viviendas ilegales y evite que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El Economista: "Reconozco que es una medida difícil de llevar a cabo en la práctica con las viviendas de uso habitual, pero sí se puede hacer con las segundas residencias. Lo que no se puede permitir es que las construcciones ilegales puedan disponer de los mismos servicios que las legales".
Añadía dicho diario que la clave de todas las irregularidades que se están cometiendo en esta ciudad, que podría acabar por convertirse en otra Marbella, la tiene lo que se conoce ya en ámbitos políticos como el clan socialista de Chiclana, responsables de que en la zona se hayan levantado en pocos años unas 40.000 viviendas ilegales. Los cuatro alcaldes ya mencionados y José Antonio Gómez Periñán, ex concejal de Chiclana y alto cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz forman parte del conocido como Clan de Chiclana. Este último es, además, uno de los nexos de unión del clan de Chiclana con el clan de Alcalá, cuyo máximo representante actual es Luís Pizarro, vicesecretario general del PSOE de Andalucía.
Amenazas de muerte contra quienes quieren destapar el caso
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana, José Pedro Butrón, actualmente miembro de la coalición de gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se estaban registrando en el término municipal
Según Izquierda Unida, al socialista José María Román, ahora ex alcalde, la ciudad se le fue de las manos por su ineficacia y por las irregularidades denunciadas e intentaba echar la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.
El PSOE, por su parte, anunció la presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: “si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE”.
El actual concejal del gobierno de Chiclana por IU-CA es quien, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, ha animado las voces críticas ante el caos urbanístico de Chiclana.