LO OCURRIDO EN SAN MARTIN DEL TESORILLO CADA DIA QUE PASA PONE MAS DE MANIFIESTO LAS ABERRACIONES QUE LOS SOCIALISTAS JIMENATOS HAN CAUTIVADO AQUI

Noticia publicada el 14-11-2008
LD (Pedro de Tena) Se trata de un expediente relativo a la finca registral número 7471 del municipio onubense de Cartaya, “la cual se encuentra en su totalidad de su superficie en el dominio público marítimo-terrestre determinado por Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1989. Es decir, dicha vivienda se encuentra de hecho en situación irregular y el servicio de costas trata de contactar con Rosa María Chaves en su domicilio, pero, al parecer, la notificación efectuada en junio de 2007 fue considerada infructuosa.
Por ello, el 22 de octubre este Servicio de Costas de Huelva anuncia en el Boletín de la Provincial de Huelva lo que no había podido comunicar personalmente a los interesados, Rosa María “Chati” Chaves y su esposo. Lo que quería el Servicio de Costas era comunicar al matrimonio la iniciación de un expediente “tendente a la determinación de los derechos que pudieran corresponderle en relación con dicha finca, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas. Por ello, le significan que disponen del plazo de unes para alegar lo que estimen conveniente.
Dado que la finca referida aparece afectada por un deslinde aprobado por Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1989 en la playa de El Portil, en el término municipal de Cartaya, puede deducirse que la vivienda de Rosa Chaves incumplía la legalidad vigente en materia de costas y que, por ello, se trata de una vivienda en situación irregular.
El texto completo del BOP es el siguiente:
TEXTO EXACTO DEL BOP DE HUELVA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2007
Expediente de determinación de los derechos que pudieran corresponder a D. Javier Ferraro García y Dª Rosa Mª Chaves González en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costasen relación con Finca afectada por el deslinde aprobado por O.M. de 14 de septiembre de 1989, en la playa de El Portil T.M. de Cartaya (Huelva). (RP-427)
A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante el presente anuncio, este Servicio Provincial de Costas en Huelva, notifica a D. Javier Ferraro García y Dª. Rosa Mª. Chaves González, el contenido de su escrito de fecha 18 de junio de 2007, al haber resuelto infructuosa la notificación dirigida al domicilio disponible de dichos señores. En relación con la finca registral n° 7471, de Cartaya, la cual se encuentra incluida en la totalidad de su superficie en el dominio público marítimo-terrestre determinado por OM. de 14 de septiembre de 1989, este Servicio le comunica que se va a iniciar un expediente tendente a la determinación de los derechos que pudieran corresponderle en relación con dicha finca, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, significándole que dispone de un plazo de UN MES, contado desde la publicación del presente anuncio, para alegar lo que estime conveniente al respecto, aportando la documentación que, a su juicio, justifique el derecho que considere que le corresponde. El plazo consignado comenzará a contar desde la fecha de aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
Huelva, 22 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio Provincial, Fdo.: Gabriel Jesús Cuenca López.
Al final del documento del registro de la propiedad donde consta la finca 7471, propiedad de la hermana de Chaves y su marido, se dice “GRAVADA con la anotación preventiva letra B de DOMINIO PÚBLICO, conforme al artículo 29 del Reglamento de Costas.” Esta advertencia parece indicar que la hermana del presidente de la Junta conocía perfectamente la situación irregular de la finca cuando la registró.
Más de 200.000 viviendas están en situación irregular en Andalucía con la gestión socialista en la mayoría de los Ayuntamientos y en la Junta de Andalucía. Como resulta evidente, la situación de Chiclana, siendo como es una de las más graves de la geografía andaluza, no es la única. Si se calcula que en esta localidad el número de viviendas ilegales es de 40.000 podemos deducir que se trata sólo del 20 por ciento del total de las irregularidades que inundan el territorio andaluz, un territorio sobre el que sólo ha gobernado el Partido Socialista en la mayoría de los Ayuntamientos desde 1979 y en la Junta de Andalucía desde 1982.
Contaba ABC que “dos de las más importantes bolsas de viviendas ilegales están en Marbella (Málaga) y Chiclana (Cádiz). De sus respectivos planes urbanísticos se ha encargado y se encarga la empresa Territorio y Ciudad, al frente de la cual se encuentra el arquitecto y urbanista Manuel Ángel González Fustegueras. En Marbella, el nuevo PGOU, contempla la regularización de 16.000 viviendas. Y en Chiclana, una oficina de Fusteguera forma parte del equipo que se encarga de asesorar a los vecinos para la legalización de sus casas, unas 10.000.”
En la Comunidad andaluza se calcula que son más de 200.000 las viviendas que se encuentran al margen de la legalidad, al ocupar suelos no urbanizables Si bien no existe un censo oficial, sobre la mencionada cifra parece que tanto la Administración , como la Oficina del Defensor del Pueblo y los partidos políticos están de acuerdo con que se aproxima mucho a la realidad.
Un informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz en el año 2000 contabilizó 190 municipios afectados por urbanizaciones ilegales. Dos años después se modificó la Ley del Suelo, y los jueces comenzaron a ordenar la paralización de construcciones, concluyendo algunos procesos con la demolición de los edificios, según el mismo informe de ABC.